El juez federal de Dolores Martín Bava citó este viernes a declaración indagatoria el próximo 7 de octubre y prohibió la salida del país al expresidente Mauricio Macri, en la causa que investiga presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en Mar del Plata, según una resolución a la que tuvo acceso Télam.
Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri», advirtió Bava en el fallo de 166 carillas.
Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación.
En el mismo fallo, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a la su ex segunda en el organismo, Silvia Majdalani con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados.
El espionaje ilegal «se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional», remarcó Bava en su fallo.
«Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del poder judicial investigarlo y sancionarlo», agregó.
La «gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido», evaluó.
En el capítulo de la resolución dedicado a la decisión de citar a indagatoria a Macri, el juez sostuvo que, en principio, «determinar la transgresión a la Ley 25520 (ley de Inteligencia) es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina».
«Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias», detalló la resolución.
En tanto, en el día de ayer el juez Bava le tomó declaración indagatoria al exdirector operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Martín Coste por maniobras de espionaje ilegal contra familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan que desapareció a finales de 2017.
El exdirector de la AFI llegó procesado por el espionaje contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, aunque ante la justicia aseguró haberse enterado de los hechos por televisión y se desentendió de haberlo organizado.
Una de las mayores diferencias entre ambos exfuncionarios de la AFI es que Coste se presentó ante la comisión bicameral del Congreso que ejerce funciones de control de organismos de inteligencia y denunció los supuestos desmanejos del macrismo.
En este expediente se investiga si desde la AFI se realizaron tareas de espionaje con el objetivo de evitarle contratiempos al expresidente Mauricio Macri en sus contactos con parientes de los tripulantes del San Juan, como también en sus visitas a Mar del Plata, donde se desarrollaba el principal reclamo por la aparición del submarino.
La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el Gobierno de Macri se los había espiado.
Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez Ramos Padilla en el marco del caso D’Alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases AMBA.
Si bien el expediente se inició en Mar del Plata, con activa intervención del fiscal federal Daniel Adler, luego pasó al juzgado de Dolores, donde también se investigan otras supuestas tareas de inteligencia prohibidas realizadas desde las bases AMBA que la AFI de Macri desplegó en la provincia de Buenos Aires.
En esta causa, un exjefe de la base de la AFI en Mar del Plata presentó un escrito en el que afirmó que esa delegación solía trabajar con la Avanzada Presidencial cuando Macri visitaba alguna localidad dentro de esa jurisdicción, según pudo reconstruir Télam.
En el expediente hay elementos que acreditan que en las base de Mar del Plata se encontraron informes y fotografías que daban cuenta de seguimientos realizados sobre familiares de los tripulantes, producidos sin autorización judicial ni justificación válida alguna, según pudo saber esta agencia.
El 2 de abril de 2018, por ejemplo, la mujer de un tripulante del submarino hundido y la hermana de otro fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de AFI cuando el expresidente Macri -a quien querían entregarle una carta- se encontraba en el predio jugando golf.
En la causa también hay testimonios de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan que darían cuenta de la supuesta infiltración en el colectivo de familiares, según pudo reconstruir esta agencia.
Fuente: Télam