La petrolera nacional YPF deberá pagar más de USD $230 millones a TGN (Transportadora de Gas del Norte) por facturas impagas entre febrero de 2007 y enero de 2011, a raíz de una política firmada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Desde la empresa afirmaron que buscarán apelar ante la Corte Suprema, pero si fallan, ya no tendrán opciones.
La causa tiene su origen en 2006 cuando Néstor Kirchner prohibió las exportaciones a Brasil y Chile, una medida que perjudicó a YPF porque debió incumplir contratos asumidos.
El motivo del decreto tuvo lugar en la pronunciada caída que tuvo el sector de producción local de gas. En aquel tiempo, la petrolera argentina era administrada por Repsol, y se vio obligada a dejar de exportar gas a la central eléctrica brasileña de AES Uruguaiana (AESU).
Fue entonces cuando contrató a TGN y su capacidad de transporte de 2,8 millones de metros cúbicos diarios a través de un contrato firmado en 1998. En 2012, TGN demandó a YPF por incumplimiento de contrato y por daños ocasionados en un valor alrededor de USD $142 millones. Según afirmó la transportadora, realizaron importantes inversiones para transportar el volumen de gas que YPF requería.
La primera sentencia ocurrió en octubre de 2020, cuando la condena en contra de YPF implicó una suma de USD $231.048.177,19 más intereses, o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor acorde a lo publicado por el Banco Central a la fecha de pago.
YPF también deberá hacerse cargo de las facturas impagas que serán analizadas por una perito contadora. El monto de estas facturas oscilaría en USD $74 millones.
Luego vino una sentencia de segunda instancia, que solamente redujo a favor de YPF la tasa de interés aplicable, del 6% al 4% anual. Sin embargo, la petrolera deberá pagar los costos legales de la apelación.
Con consistencia y sin rendirse, YPF afirmó que continuará interponiendo todos los recursos legales a los que tiene derecho «en los plazos correspondientes» y también ejercerán «todas las acciones necesarias para la defensa de sus intereses».
Desde la empresa aseguraron que apelarán la sentencia a la Corte Suprema porque es una cuestión federal ya que implica al Gobierno nacional y su ex gestión. Según dijeron, no dejaron de exportar por estrategia comercial, sino por una causa de fuerza mayor.
En caso de que la Corte Suprema rechace ser competente para la apelación, YPF deberá pagar la indemnización finalmente.