El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, fue denunciado penalmente por la defensora general adjunta Gisela Gauna Wriz, tras la publicación oficial de imágenes del operativo de traslado de detenidos realizado el pasado 31 de marzo en Sáenz Peña.
La denuncia también alcanza a la directora del Servicio Penitenciario Provincial y al ministro de Seguridad chaqueño. Gauna Wriz cuestionó duramente el procedimiento, en el que quince internos fueron trasladados desde el predio de la Ferichaco hasta el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña, bajo un fuerte despliegue de seguridad y con cobertura de prensa y comunicación oficial del gobierno provincial.
Según la defensora, el operativo habría sido realizado sin autorización judicial. «Dudo seriamente que jueces de ejecución penal se hayan prestado a semejante acto público. La exhibición revistió un carácter vejatorio, al someter a los detenidos a una situación humillante y mortificante que atentó contra su dignidad personal», expresó.
La respuesta del comisario general Fernando Romero no se hizo esperar. Al ser consultado sobre la denuncia, rechazó los cuestionamientos y apuntó contra los acusados: «Humillante y mortificante fue lo que hicieron esos delincuentes a las víctimas», declaró el mismo día en que se llevó a cabo un nuevo operativo de traslado, esta vez con 24 reclusos desde la localidad de Tres Isletas, nuevamente bajo una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad.
Este nuevo episodio marca el segundo enfrentamiento reciente entre la Defensoría General Adjunta y las autoridades de seguridad provincial. El primero tuvo lugar semanas atrás, cuando Gauna Wriz impulsó un habeas corpus colectivo a raíz del retiro de celulares y dispositivos electrónicos a los detenidos, una medida que fue tomada en el marco de la normativa chaqueña que restringe su uso en unidades penitenciarias.
Por ese caso, el Superior Tribunal de Justicia convocó esta semana a una primera audiencia con todas las partes involucradas, en un contexto de creciente tensión institucional entre los organismos de derechos humanos y las autoridades de seguridad en la provincia.