Se trata de Norberto Manzano y Carlos Alberto Rojas están sospechados de ocultar u omitir la existencia de una carpeta que contenía fotos del cuerpo sin vida de Marita Verón.
Dos dirigentes sindicales de Tucumán fueron imputados en la causa por el secuestro de Marita Verón.
Se trata de Norberto Manzano y Carlos Alberto Rojas, secretarios generales de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae) nacional y de Tucumán respectivamente, quienes quedaron imputados por el delito de encubrimiento: están sospechados de ocultar u omitir la existencia de una carpeta que contenía fotos del cuerpo sin vida de Marita Verón.
Tanto Manzano como Rojas no declararon ante el fiscal federal, Agustín Chit, y presentaron escritos.
Según la acusación, en marzo de este año se concretó una reunión de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía en Tucumán, ocasión en la que Manzano habría manifestado que poseía esa carpeta con las fotos de «Marita» muerta.
El titular del gremio nacional, de acuerdo a la línea de investigación, había recibido la documentación de parte de Rojas, el dirigente de la provincia.
El abogado de la querella, Carlos Garmendia, comentó a La Gaceta que Manzano utilizaba la carpeta en contra del entonces titular de Luz y Fuerza de Tucumán Julio Luna en una puja por los afiliados. «Se acreditó que la reunión existió y que Manzano se hizo de esa carpeta», indicó.
La hipótesis que maneja el fiscal Chit es que el cuerpo de Marita había sido trasladado en un primer momento a la sede del gremio Luz y Fuerza y luego a la morgue de la clínica Luz Médica, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
El cuerpo de la joven habría sido trasladado desde La Rioja, donde estaba siendo explotada por una red de prostitución, hacia Tucumán.
En esta nueva etapa de la investigación que lleva más de 20 años, la querella ratificó el vínculo entre el sindicalista Julio Luna, quien falleció en 2020, con Rubén «La Chancha» Ale, quien murió este año.
Ale era el líder del clan Ale, organización relacionada con el secuestro de la joven ocurrido en abril de 2002 y quien fue acusado por Susana Trimarco, madre de Marita, desde el comienzo de la investigación.
El pasado 9 de agosto, Trimarco y sus abogados anunciaron en conferencia de prensa que la Justicia federal había iniciado una investigación complementaria al proceso inicial, para determinar la existencia de una carpeta con imágenes que acreditaba que Marita estaba muerta.
«Quiero agradecer que estén acá y se interesen por esta lucha tan grande y de tantos años de mi vida. Esto es muy triste. Hace 40 días que vengo procesándolo y hablando con Mica. Es muy triste para nosotros muy doloroso, pero siempre les dije a ustedes que voy a luchar para que se sepa la verdad y qué pasó con Marita».
Y agregó: «Ésta ha sido una lucha muy despareja. Se sabe cómo es esta mafia organizada y perversa que destruye familias como la mía y no vamos a parar que para que uno por uno pague lo que hicieron con mi hija».