La Mantovana es una empresa de limpieza que presta servicios en ARCA, ANSES, Jefatura de Gabinete y otras dependencias oficiales y contrata personal a los que, según una denuncia gremial, pretende cobrarles por tomar agua cuando trabajan en verano.
La Mantovana de Servicios Generales S.A. junto a las empresas Martin y Cia S.A. y Domin S.R.L. fueron contratadas durante el año 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, a un costo de 88.000 millones de pesos en limpieza de organismos públicos, según los recientes datos analizados por los técnicos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que aplica normas de control interno dentro del Estado Nacional,.
Ahora, la SIGEN avanza en una investigación que explique como se gastó ese dineral.
La Mantovana es la empresa que mayor costo de contratación representó en 2023, con casi $20 mil millones.
La empresa prestó servicios principalmente en la ex AFIP, hoy ARCA, Anses, Jefatura de Gabinete y en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Esta sociedad está relacionada con Grub S.A, otra de las empresas que figura en el informe de la SIGEN.
La Asociación de Trabajadores del Estado reclama, desde hace tiempo, el fin de la tercerización de sus miembros y exige que los trabajadores sean “empleados de manera directa”.
Hasta el momento, los esfuerzos de ATE y del Sindicato de Obreros de Maestranza, han sido en vano.
El Sindicato Principal de Maestranza acaba de enviar cartas documentos a la empresa y a los organismos donde ésta presta sus servicios, denunciando que, los trabajadores para hidratarse y seguir trabajando en verano y con 36 grados de calor, deben bonar 4.500 pesos.
Según trascendión en fuentes gremiales, están dispuestos a hacer responsables solidarios a las autoridades de La Libertad Avanza que están en el poder si no terminan de poner orden en las empresas que contratan para prestar servicios.
Según una carta documento del sindicato de Maestranza adherido a la CGT, fechada el pasado 16 de enero, se intimó a la dirección de la empresa para que cesen las presiones sobre los trabajadores que protestan por el destrato y señalan a dos personas, Augusto Perea y Jesica Rodríguez, como responsables de impedir la libertad sindical.
Además, solicitarán intervención de la oficina de violencia laboral de la secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero por las constantes denuncias de persecución a los afiliados y por los “…reclamos en sede de la AFIP (ARCA) donde les solicitan a los operarios que abonen una cuota mensual de 4.500$ mensuales por persona para que puedan utilizar los dispenser para tomar agua, caso contrario no están autorizados para hacerlo”.
Estos hechos no ocurren sólo en ARCA sino también hay denuncias que llegaron desde el Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Desarrollo, explicaron en el gremio.