En diciembre de 1982, la dictadura cívico militar encargó a una comisión de las tres armas que evaluara las responsabilidades de los jefes en la conducción en la guerra. El resultado de esa tarea -conocido como Informe Rattenbach- expuso las deficiencias en el mando, las contradicciones internas, el silenciamiento y la voluntad de autoprotección con que la última Junta Militar intentó mantener bajo control la revisión del conflicto.
La investigación había sido encomendada a la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares del conflicto del Atlántico Sur (llamada también por su acrónimo, Caercas), creada para tal fin y encabezada por el teniente coronel retirado Benjamín Rattenbach. Pero las conclusiones a las que arribó fueron más allá de lo que el poder militar, incluso debilitado por la derrota, estaba dispuesto a hacer público.
El informe recomendaba penas muy altas para los jefes de las tres fuerzas que comandaron la guerra, pero al no ser un órgano jurídico no tenía potestad para aplicarlas: el juzgamiento le correspondía al Consejo Supremo de las FFAA, que se expediría sobre el asunto tres años más tarde, condenando a 14, 12 y 8 años de prisión al almirante Jorge Isaac Anaya, al general Leopoldo Fortunato Galtieri y al brigadier Basilio Lami Dozo, respectivamente.
El dictamen, de todas formas, analizó el desempeño de la cúpula castrense y de algunos civiles como el excanciller Nicanor Costa Méndez, y en sus conclusiones estableció que la actuación de Galtieri como jefe del Ejército y Presidente de la Nación encuadraba entre las faltas más graves del Código de Justicia Militar, entre ellas el artículos 747, que imponía (el Código fue derogado en 2008) 10 años de prisión, reclusión por tiempo indeterminado o hasta la pena de muerte ante ciertas inconductas disciplinarias.
Las recomendaciones de la Comisión, integrada por Rattenbach más el general Tomás Sánchez de Bustamante en representación del Ejército, el almirante Alberto Vago y el vicealmirante Jorge Boffi por la Armada y los brigadieres Carlos Rey y Francisco Cabrera de la Fuerza Aérea, todos oficiales retirados, intercalaban fuertes cuestionamientos en términos generales («inadecuada preparación», incumplimiento de «normas esenciales de planificación», «errores» y «omisiones», entre muchas otras críticas) junto a algunas valoraciones positivas.
El trabajo de la Comisión Investigadora se extendió por alrededor de nueve meses y concluyó en septiembre de 1983 aunque el informe final -al que se le habían hecho 13 copias y tenía un anexo de 17 volúmenes- no resultó accesible para el público, porque al ser entregado a la última Junta Militar fue archivado y clasificado como secreto en el Estado Mayor del Ejército.
Rattenbach denunciaría tiempo después que el documento había sido adulterado, ya que fue citado a declarar en un sumario que se estaba llevando adelante contra Alfredo Astiz por la rendición sin combate en las islas Georgias del Sur. Entonces, pidió que le devolvieran su ejemplar numerado (identificado como el original 02) del informe de la Comisión: al recuperarlo, comprobó que le faltaban fojas.
Cuarenta años más tarde, su nieto, el historiador y secretario ejecutivo del Museo Malvinas Juan Rattenbach repasó en diálogo con Télam aquel descubrimiento, que estaba relacionado con que en ese momento -recordó- «se estaba juzgando procedimentalmente lo que hizo la Armada en las Georgias», y por eso «lo intiman a mi abuelo a comparecer, y él pide, para poder declarar, un ejemplar original del informe».
«Cuando recibe finalmente el ejemplar, se encuentra con que tenía fojas con algunos párrafos cambiados. Entonces, en notas al margen hechas en lápiz, anotaciones en puño y letra de mi abuelo, dice que esas fojas fueron cambiadas a tal punto que ni siquiera tuvieron tiempo de encuadernarlas», agregó el historiador.
La adulteración, siguió el nieto de Rattenbach, se había focalizado en las fojas «relativas a lo que había pasado en las islas Georgias del Sur», un tema de especial interés para la Armada en aquellos años de ’83 y ’84. ¿Qué decía ese tramo del informe?
En primer término, cuestionaba cómo se había ejecutado el operativo para tomar las Georgias del Sur que se inició con la fachada de un viaje empresarial en factorías balleneras, episodio considerado el prólogo de la guerra, para luego profundizar en las críticas a los marinos Luis Lagos y Astiz por rendir sus tropas a los británicos sin intentar la resistencia en los parajes de Grytviken y Puerto Leith.
La omisión de ciertos párrafos era de interés de la Armada, dado que Astiz ya había estado en el foco de la opinión pública europea tras rendirse en Puerto Leith el 26 de abril y permanecer 45 días detenido como prisionero de guerra en la isla de Ascensión y luego en la prisión militar de Chichester, condado de Sussex, territorio inglés.
Durante ese lapso, Francia y Suecia habían reclamado su extradición, al imputarle los secuestros y desapariciones de Dagman Hagelin, Alice Domon y Leonie Duquet.
Desde 1983, el Informe Rattenbach quedó archivado bajo el rótulo de secreto militar, aunque el 23 de noviembre de ese año se filtraron algunos fragmentos que difundió la revista Siete Días, mientras que en 1988 el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata lo publicó en forma de libro por la Editorial Espartaco y en 1997 hubo otra edición, con prólogo de Osvaldo Bayer.
Para redactar el informe, la comisión coordinada por Rattenbach -de 84 años, el oficial del Ejército de mayor edad al finalizar la guerra- citó a prestar declaración informativa a militares que habían combatido en las islas: el último en dar testimonio fue Martín Balza, quien luego sería jefe del Ejército pero que en aquel momento tenía el grado de teniente coronel.
Balza había sido coordinador de los fuegos terrestres al oeste y al sur de Puerto Argentino, aparte de ser el jefe del Grupo de Artillería 3, y a cuarenta años aprovecha cada diálogo sobre la guerra para mencionar a sus subordinados, «los litoraleños a los que nunca olvidaré, ni a ellos ni los sapucai que lanzaban por las noches».
Consultado por Télam sobre el Informe Rattenbach, Balza lo reivindicó como «lo más serio y profundo de todos los análisis que estudiaron las responsabilidades de los mandos superiores», y manifestó su acuerdo con las definiciones claves del documento, que resumió en la «incapacidad de la Junta Militar y de los incompetentes altos mandos, quienes apoyaron la decisión de ir a una guerra insular sin la más mínima posibilidad de tener el dominio del mar y el dominio del aire».
«Era imposible tener un éxito con un miembro de la OTAN apoyado por los Estados Unidos», graficó, aunque al entrar en detalles destacó que «hubo unidades que fueron conducidas por eficiencia, decisión y valor».
En cuanto a la manipulación informativa por parte de la dictadura, sintetizada en la famosa revista Gente que decía «Estamos ganando», Balza abordó otro cuestionamiento planteado por el Informe Rattenbach en su capítulo 14, donde se describen «falencias graves en el campo de la acción psicológica».
«Lo que se quiso hacer como acción psicológica en la guerra fue deplorable. La acción psicológica fue inexistente. En Malvinas nosotros escuchábamos radios y éramos conscientes de que lo que decía el incompetente Estado Mayor Conjunto era mentira. A mis soldados nosotros les informábamos la real situación», contrastó Balza.
Y subrayó que la acción psicológica no significa, en su visión, mentir a la propia población. «Una cosa es la omisión de algo, pero otra es la ponderación de algo inexistente. Si el Estado Mayor Conjunto hubiera explicado que en Malvinas había un cerco terrestre, un cerco marítimo y un cerco aéreo por parte de los británicos, y que estábamos en dificultades, la noche del anonimato no hubiera ocurrido, cuando se nos humilló a nuestro regreso al continente», reprochó.