Hay cuatro imputados por el delito de «estrago culposo agravado» y por la sala del TOP 1 pasarán cerca de 50 testigos. Las familias renuevan su fe y piden que se haga justicia.
Con más de 50 testigos y dos aplazamientos, finalmente comienza hoy, desde las 8 en el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes, el juicio a cuatro imputados por la peor tragedia que se vio en nuestra ciudad, luego que una construcción cediera, se derrumbara parcialmente y matará a ocho obreros y dejando otros tantos heridos.
Los imputados son el empresario Marcelo Mayer, titular del negocio inmobiliario; los proyectistas Walter Bruquetas y Elías Cohen, y el capataz de la obra Carlos Valenzuela. La acusación es por «estrago culposo agravado», un delito cuya pena en expectativa es de 5 años de cárcel. El hecho ocurrió el 22 de marzo del 2012, en un edificio cuyo propietario era el «Fideicomiso San Martín 652». Las víctimas mortales fueron Marcos Ramón González, Ramón Valentín Zacarías, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Diego Hernán Rodríguez, Enrique Sosa y Pablo Medina.
Esperan justicia
Mariela Zacarías, hija del obrero fallecido Ramón Valentín Zacarías, vio con satisfacción el inicio del juicio. Comentó que «sólo queremos y vamos a buscar que se haga justicia, por nuestros familiares. Tenemos una mezcla de sensaciones. Muchas cosas en la cabeza. Nos alivia muchísimo saber que al final llegó el día que esperamos durante 9 años. Queremos que todo se dé, de la manera que corresponda y que ya no se dilate más, por ninguna otra situación legal», sostuvo la joven.
«Ya todo está dado para que esto continúe y llegue a un final, siempre confiando en la Justicia que imparta y lo que la Ley disponga. Pero tampoco podemos pasar por alto, que por esta misma situación llevamos esperando 9 años, confiando en esta misma Justicia y esta es la que nos tiene esperando un resultado, mes tras mes, año tras año», concluyó Mariela.
Por su parte Rubén Leiva, abogado querellante, en representación de las familias de Ramón Zacarías, Diego Rodríguez, indicó que los imputados tuvieron casi 9 años para usar su poder económico para no llegar a juicio. «Tenemos una gran responsabilidad social e histórica. Las condenas deben ser duras y ejemplares. Este dramático hecho, no sólo acabó con la vida de 8 obreros, sino que movilizó a una sociedad y forzó la modificación de los códigos de planeamiento de edificaciones», explicó Leiva.
Finalmente el letrado indicó que, «en la obra siniestrada, violaron las fajas de clausuras y las advertencias por construir pisos de más. Hicieron caso omiso a todo y se siguió trabajando, poniendo en peligro a los Trabajadores. Acá no sólo hubo fallas en la administración y construcción por parte de la empresa, sino que encima, también hubo fallas desde el Municipio. Nadie controló que las sanciones se cumplan», concluyó.
