El gobierno provincial dio a conocer resultado del trabajo que realizó la comisión especialmente conformada en el InSSSeP, que fuera encomendado oportunamente por Resolución de Directorio N° 7210/23, donde se solicitaba el análisis formal y material de los actos administrativos comprendidos entre el 18 de septiembre y el 8 de diciembre de 2023, es decir el último tramo de la gestión del exgobernador Jorge Capitanich. Tras la evaluación de actos administrativos que involucraron a más de 300 agentes del Instituto, los resultados fueron contundentes, se informó pficialmente: se identificaron designaciones incorrectas, incluyendo transferidos que carecieron de las intervenciones de las áreas competentes, agentes que fueron asignados a cargos superiores e instrumentos legales emitidos días antes de la culminación de la gestión saliente. Además, se detectaron situaciones de manifiesta ilegalidad, arbitrariedad, inconstitucionalidad y avasallamiento del orden jurídico.Otra de las irregularidades constatadas –según el parte oficial- fue la oportunamente denunciada por el nuevo Directorio, tras la no renovación de 126 contratos de obras que prestaron servicio solamente el mes de diciembre y cuya renovación no representaba una obligación jurídica para el Instituto. Recordemos que esta decisión fue motivo del paro llevado adelante por el gremio del InSSSeP que se extendió por más de 45 días y una acción judicial incausada que fue rechazada en ambas instancias por la justicia provincial, dando la razón a las nuevas autoridades.Además, dentro de los ingresos a planta al Organismo, se incluyó una agente que contaba con retiro voluntario al momento de su inscripción, lo cual es de nulidad absoluta, como así también de agentes que no poseían el título correspondiente para la categoría que les fue asignada, incluyendo agentes que revestían la categoría profesional sin efectivamente serlo.Dadas las irregularidades detectadas en el proceso administrativo, el Directorio en unanimidad, resolvió regularizar y/o revocar las situaciones, dando intervención a la Fiscalía de Estado en los casos que correspondiera. De esta manera, este trabajo reafirma las expresiones realizadas tanto por la titular del Instituto, Irene Dumrauf; y el gobernador Leandro Zdero, quienes afirmaban la intencionalidad política que tenían las medidas de fuerza que fueron llevadas a cabo por el gremio; dejando a miles de afiliados sin la posibilidad de acceder a los servicios básicos que presta el organismo.
