El gobierno provincial realizó una jornada a fin de difundir los alcances de la Ley N° 2023-A que crea la oficina de violencia laboral, de aplicación en todo el territorio provincial para los agentes públicos.
Autoridades provinciales encabezaron, la jornada contra la violencia laboral en el marco del Día Provincial de Lucha contra la Violencia Laboral que, de acuerdo a la Ley N°2687-L, es el 1 de septiembre. El objetivo fue difundir los alcances de la Ley N° 2023-A que crea la oficina de violencia laboral, con aplicación en todo el territorio provincial para los agentes públicos.
Este evento, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, contó con la presencia de 200 personas aprox., entre funcionarios, trabajadores del Estado provincial y de las empresas descentralizadas. Además, la jornada, que fue declarada como interés provincial y legislativo, busca promover la prevención y erradicación la violencia laboral en el ámbito de la Administración Pública Provincial para generar ámbitos de trabajo saludables dentro de la administración pública y que sea de conocimiento de los trabajadores.
El secretario Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez valoró el interés en la temática reflejado en el auditorio repleto. «Estar a sala llena significa que es una problemática que merece la atención del Estado” expresó.
En ese sentido hizo hincapié en la necesidad de acortar los tiempos administrativos y las demoras burocráticas. “Detectar y trabajar estos conflictos ameritan rapidez. Y esto es parte de eso, saberlos detectar rápidamente, conocer los orígenes y que cada uno de los entes responsables se hagan cargo. Es tiempo de aprender a convivir y de cuidar a nuestros semejantes”, subrayó Gutiérrez.
El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos Jorge Gómez destacó que la provincia es pionera, junto a Mendoza en la materia. “Hoy estamos trabajando en la aplicación y difusión de esta ley para que los participantes sean el vehículo de transmisión a sus compañeros de trabajo de cada uno de los elementos con que cuenta la ley”, detalló el funcionario y añadió: “El Estado se compone por tres poderes que tienen que trabajan de manera articulada posible en beneficio de todos y cada uno de los chaqueños. El Poder Legislativo dictó la ley, ahora nosotros tenemos que difundirla para que efectivamente esté en conocimiento de todos y cada uno de los chaqueños para que la puedan utilizar cuando corresponda», marcó Gómez.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, remarcó la importancia de la normativa para los agentes de los tres poderes del Estado y las empresas descentralizadas y celebró la puesta en marcha de la oficina en el ámbito del poder judicial. “Como objetivo final buscamos ámbitos saludables de trabajo para que esto redunde en buenos servicios del Estado hacia los ciudadanos”, explicó.
En ese contexto recordó que desde el inicio de la gestión la Subsecretaría de Derechos Humanos trabaja en la difusión y concientización sobre los alcances de la ley.
Francisco Olivares disertante y especialista en violencia laboral y conflictos organizacionales expresó la necesidad de abordar la temática para derribar mitos y conceptos erróneos.
«Entonces los costos indirectos pueden ser enormes para un empleador que mire para otro lado. Uno de los errores muchas veces es pensar que solamente un jefe puede ser acosador, puede ser maltratador, puede ser hostigador, y se da en todos los niveles, se da entre compañeros, entre pares, incluso hacia arriba, eso es algo de lo que también tenemos que empezar a hablar”, dijo el disertante.
«Esto está contemplado en la Constitución cuando habla de las condiciones dignas y equitativas de labor “está hablando de un ámbito donde se respeta al trabajador, donde se respetan los derechos fundamentales, y cuando habla de violencia, habla sistemáticamente de vulneración de derechos fundamentales del trabajador”, finalizó.
Estuvieron presentes también el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, el subsecretario de Gobierno, Gustavo Corradi, y las subsecretarias de Trabajo, María Noel Ibarra, de Justicia, Elisa Fernández Aselle. Además, la defensora adjunta del Pueblo de la Municipalidad de Resistencia, Débora Ganef, la directora del Servicio Penitenciario Provincial, Erika Maidana, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Resistencia, Pablo Mujica, el empresario Rubén Duk y la diputada provincial Zulema Wannesson.