También declaró un ex interno, quien identificó a miembros del SP y presos involucrados en la venta de drogas y en la obtención de beneficios.
El hermano de Lautaro Teruel admitió dar propinas para la protección del condenado por abuso en el juicio contra la red narcocriminal dentro de la Unidad Carcelaria 1 en la provincia de Salta, donde hay involucrados agentes del Servicio Penitenciario, presos y familiares. También declaró un ex interno, quien identificó a miembros del SP y reclusos involucrados en la venta de drogas y en la obtención de beneficios.
Lautaro Teruel, el hijo del cantante de Los Nocheros que fue condenado a 12 años de prisión por abuso y que se encuentra preso en la UC 1, había sido mencionado por un testigo como una de las personas que habría obtenido beneficios a cambio de dinero.
Frente a esta situación, el hermano de Teruel relató que, debido a la notoriedad de su padre y a la exposición mediática del juicio, su familia recibió múltiples amenazas en su casa, en la vía pública y por redes sociales.
Ante el tribunal afirmó que a su hermano le advertían que “lo iban a violar” y que, ante esa situación, “decidió pedir ayuda a Baldomero Darío Córdoba, amigo suyo desde hace veinte años, quien también tiene un familiar alojado en el penal”.
Fue allí donde resultó interrumpido y le consultaron por qué no denunció las amenazas, a lo que respondió que la causa de su hermano fue “arbitraria” y que no confiaba en la Justicia.
Siguiendo con su testimonio, el hombre contó que, tras recurrir a su amigo, cesaron las agresiones y su hermano estuvo a salvo, por lo que consideró que la “protección” funcionó y que, de estar en la misma situación, volvería a actuar igual.
En este sentido, admitió que le entregó a Córdoba dinero en efectivo en dos oportunidades y realizó una transferencia bancaria, a modo de “agradecimiento” por proteger a su hermano: “Como una propina que uno da en un lugar cuando te atienden bien”.
Además, dijo suponer que el dinero llegó al funcionario del Servicio Penitenciario: “Estas personas nos ayudaron. Estamos agradecidos”.
También se le consultó respecto a si conocía a alguien del Servicio Penitenciario, a lo que destacó que no tenía contacto directo con el guardiacárcel, aunque sabía que lo apodaban “Chato”, y que muchas veces recibía de él información sobre el estado de su hermano o la llegada de insumos médicos que la familia enviaba.
Luego, fue el turno de un ex interno y allí se ordenó que todos los acusados sean retirados de la sala, según detalla la presentación del Ministerio Público Fiscal provincial.
Desde el inicio de su testimonial, el hombre manifestó sentir gran temor por su vida y relató que días atrás dos hombres se presentaron en su vivienda, se identificaron como miembros de la “Brigada” y dijeron venir de parte de la fiscal Salinas Odorisio, con la intención de llevarlo. Señaló que logró ocultarse y posteriormente radicó la denuncia correspondiente.
Tras dicha denuncia, explicó que cumplió una condena de cuatro años en los pabellones A1 y A2, donde convivió con el “Gordo” Méndez, a quien señaló como uno de los que comercializa drogas.
“Debido a su adicción, contrajo deudas que no pudo pagar, por lo que fue agredido y amenazado de muerte. Al no recibir ayuda de su familia, recurrió a su hermano. Indicó que, a cambio de perdonarle la deuda, Méndez le impuso que su hermano —uno de los acusados en la presente causa— debía cumplir sus órdenes, entre ellas llevar algo a la casa de su madre”, contó.
El ex preso dio a conocer numerosas vejaciones y humillaciones sufridas mientras estuvo detenido en el penal de Villa Las Rosas. Por una de esas agresiones debió ser derivado al hospital.
Por último, detalló cómo se obtienen beneficios, el ingreso de sustancias estupefacientes e identificó a miembros del Servicio Penitenciario involucrados.
Al finalizar su declaración, los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar dispusieron asignarle una consigna permanente.
En la audiencia declararon también dos peritos especializados en trabajo social que presentaron informes, otro ex interno y cinco familiares de detenidos, quienes admitieron haber realizado transferencias de dinero a Sergio Moya.