El Defensor del Pueblo repasó logros y objetivos del organismo. Aseguró que la intención es brindar soluciones ágiles, garantizar las respuestas del Estado y ser una referencia para la comunidad con un fuerte trabajo territorial.
A poco más de ocho meses de asumir tras un largo proceso de selección que lo ubicó en la conducción de la Defensoría del Pueblo, junto a Hugo Maldonado como adjunto, Bernardo Voloj aseguró que el objetivo de la gestión es que “la ciudadanía sepa que la defensoría es su lugar, y para eso tiene que conocer de qué se trata nuestro trabajo y cómo lo realizamos”. En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario repasó logros y replanteó objetivos de cara a la continuidad del mandato que ya no tendrá a las restricciones que impuso la pandemia como limitante para el trabajo territorial, de cara a la comunidad.
Voloj recordó que la Defensoría cuenta con áreas específicas de trabajo. La de Discapacidad, viene desarrollando un intenso trabajo en el territorio, coordinando acciones con el Iprodich, para acelerar la entrega de certificados de discapacidad o buscar viviendas para personas en condiciones particulares. También hay áreas especiales para asuntos de Pueblos Indígenas, Violencia, niñez y adolescencia; Derechos del Consumidor, Protección del Medioambiente; cada una de ellas con sus equipos técnicos abocados a las tareas específicas. «El objetivo principal es ofrecer respuestas rápidas y gestiones ágiles, pero si no es posible hacerlo, generar las condiciones para que las personas puedan tocar las puertas del Estado mucho más rápido», explicó el Defensor de Pueblo.
Funciones y plantel
En este marco, recordó que el organismo tiene como función peticionar por el derecho de los habitantes ante cualquiera de la los poderes de Estado, las empresas de servicios públicos, y organismos a nivel nacional.
En la actualidad, cuenta con una plantel compuesto por alrededor de 40 personas, una estructura relativamente pequeña teniendo en cuenta el amplio campo de acción con el que trabaja. «En este momento, estamos haciendo una petición ante la Cámara de Diputados porque la Defensoría tiene 10 años y la ley que la rige tiene 25; en todo este tiempo se fueron sumando parches legislativos, pero generaron que el organismo se haya fosilizado y esto genera múltiples inconvenientes a la hora de trabajar», comentó y anticipó que están en marcha las gestiones para refrescar la estructura, vía reforma de la ley vigente. Voloj insistió en que «la apuesta es que la ciudadanía sepa que la defensoría es su lugar y para esto, debe saber de qué se trata y cómo se trabaja».
Operativos territoriales
Para la actual conducción de la Defensoría, el contacto con la comunidad es fundamental, a la hora de pensar en una resolución rápida y eficaz. Por eso, desde marzo a la fecha se han realizado 12 operativos territoriales, en Miraflores y Misión Nueva Pompeya, entre otros; en los que los equipos realizan un relevamiento de los reclamos de los vecinos e intentan solucionar los conflictos rápidamente.
«Hay cuestiones que van surgiendo, desde cuestiones de género a abusos en las relaciones comerciales con los clientes; muchas veces nos llaman aparte y nos cuentan; hay un sin fin de situaciones que vamos intentando resolver», detalló. Voloj recordó que la postura del organismo es trabajar con los estamentos del Estado como colaboradores críticos, con la intención articular acciones que coadyuven en la solución de los problemas. «Estar en el territorio requiere movilizarse y salir de la comodidad de Resistencia, por eso, que la gente tenga confianza en la institución implica acercamiento y dar respuestas rápidas», consideró.
Algunos logros
Entre los logros de la gestión, en estos pocos meses, Voloj entendió que lo fundamental fue establecer una relación fluida con el Estado. «Nosotros entendemos que, a mejor Estado, menos derechos vulnerados; por eso vamos defendiendo el derecho del ciudadano y hemos tenido respuestas muy satisfactorias en temas de discapacidad, Salud y ambiente; entre otras», apuntó el Defensor del Pueblo.
A lo largo de estos meses, el instituto ha logrado respuestas a demandas habitacionales de personas con discapacidad, fundamentalmente en el interior profundo de la provincia; pero también en cuestiones vinculadas con el Insssep y en otorgamiento de DNI; entre muchas otras gestiones. «Hay otros organismos en los que las respuestas son más lentas y tenemos que insistir un poco más, pero nosotros vamos siempre por una resolución rápida y la defensa de las y los ciudadanos de Chaco», cerró.
Desmontes
Uno de los grandes temas de debate y una problemática que se muestra como de compleja resolución en la provincia es el de la deforestación y la eliminación de bosques nativos, en lugares protegidos por la normativa vigente. Voloj comentó en este sentido que la Defensoría había presentado, en 2019, una medida para que se frene el otorgamiento de 53 nuevos permisos en la denominada «zona amarilla», entre otras acciones.
«Nosotros somos críticos respecto de cómo se viene desarrollando la política forestal, amén de que se ha frenado el desmonte, pero aspiramos a un manejo mucho más sostenible del bosque nativo», aseguró. En ese marco, consideró que el gran déficit pasa por la falta de actualización del ordenamiento territorial del bosque, que se traduzca en un mapeo que permita ver la evolución en los últimos años. «Acompañamos a la Secretaría de Desarrollo Sostenible en el proceso de participación ciudadana, en algunos casos funcionó bien y otras no tanto; ahora la cuestión está en una suerte de stand by porque los empresarios forestales tienen una postura firme que hay que atender», explicó y añadió: «la paralización de la actualización del bosque no favorece a nadie, de hecho, favorece la ilegalidad; pero esto debe hacerse en función de buenas prácticas y cumpliendo con compromisos nacionales e internacionales», cerró.