En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la denominada “causa Vialidad”.
El máximo tribunal rechazó por unanimidad el recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria, con lo cual quedó firme la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 y ratificada luego por la Cámara Federal de Casación Penal.
Un fallo con impacto político y judicial
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti concluyeron que no se violaron garantías constitucionales, como el debido proceso o el derecho a la defensa, tal como había argumentado el equipo legal de Fernández de Kirchner. El expediente, registrado bajo el número 2833/CSJN, sella uno de los capítulos judiciales más relevantes de la historia reciente de la Argentina.
Con esta decisión, la Corte ratifica que la exmandataria deberá cumplir una pena de seis años de prisión —aunque aún resta definir si será efectiva o bajo alguna modalidad alternativa— y quedará inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos, cerrando así la posibilidad de una eventual candidatura futura.
¿Qué es la causa Vialidad?
La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El centro de la acusación fue el supuesto direccionamiento de contratos millonarios a favor del empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y estrechamente vinculado a la familia Kirchner. Según la investigación, más del 80% de las obras viales en la provincia fueron adjudicadas a firmas de Báez, con licitaciones manipuladas, sobreprecios, pagos por obras inconclusas o inexistentes y falta de controles estatales.
La denuncia original fue presentada por la exdiputada Elisa Carrió en 2008, pero tomó impulso en 2016 tras una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante la gestión de Javier Iguacel, entonces funcionario del gobierno de Cambiemos.
La Justicia determinó que existió una asociación ilícita montada desde el Poder Ejecutivo Nacional para desviar fondos públicos en beneficio de Báez, con Cristina Fernández de Kirchner en la cúspide de la estructura.
Consecuencias políticas y judiciales
Con el fallo de la Corte, Cristina Kirchner queda formalmente inhabilitada para competir electoralmente, lo que representa un golpe significativo dentro del peronismo, donde algunos sectores todavía apostaban por una posible candidatura de la expresidenta.
Aún resta definir la modalidad en que se hará efectiva la pena de prisión, dado que Fernández de Kirchner cuenta con fueros como senadora del Parlasur, y podrían interponerse recursos ante instancias internacionales.
La decisión de la Corte marca un punto de inflexión en la relación entre la Justicia y el poder político, y probablemente tendrá un fuerte impacto en la dinámica electoral y en la interna del peronismo de cara a los próximos comicios.