El juez Alonso Regueira consideró que el gobierno de Milei incumplió leyes con el ajuste a las políticas de género. Dictó una medida cautelar para que se abstenga de despedir, cerrar programas y reasignar recursos.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por los movimientos feministas porque corroboró que el gobierno del presidente Javier Milei no está garantizando los derechos de mujeres, niñas y adolescentes y que el ajuste ejecutado desde el comienzo de su gestión a las políticas de género es ilegal. A partir de ahora, el Estado tendrá que garantizar que no va a despedir a trabajadores que se desempeñen en la exSubsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género ni tampoco en los Centros de Acceso a la Justicia, de los que ya cerró 81. También tendrá que garantizar partidas presupuestarias para los programas desmantelados, como el Acompañar y la línea 144.
«Lo que viene a corroborar es que no solamente que se desmantelaron las principales políticas de prevención y abordaje de las violencias sino que el Estado no pudo demostrar ni pudo presentar una sola prueba diciendo cómo había reorganizado supuestamente estas áreas, a pesar de haberlo declarado en los medios», subrayó Luci Cavallero de Ni Una Menos.
Justamente, la medida cautelar se dictó en el marco de una causa que busca esclarecer qué está haciendo Milei para garantizar un piso mínimo de derechos a pesar del ajuste. En concreto, que detalle cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes y, sobre todo, cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas mediante normativas y tratados internacionales a los que Argentina suscribe.
Sin embargo, el juez consideró que estaban dadas las condiciones para reclamarle que se abstenga ahora de seguir desarmando estructuras y equipos que son cruciales para brindar herramientas a mujeres violentadas, mientras se define la cuestión de fondo. Una vez que llegue la notificación, el Estado no va a poder despedir más trabajadores de estas áreas específicas ni tampoco podrá seguir reduciendo la infraestructura destinada a las políticas para la prevención de la violencia de género.
«Y algo que creemos muy importante también es que, en su decisión, el juez le ordena al Estado a seguir con la producción y publicación de información, que es algo que se había interrumpido desde la asunción de la actual gestión del gobierno y creemos que es también un paso muy importante que se le pida al Estado que siga produciendo información sobre el estado de las políticas, de cómo se están implementando», puntualizó Patricia Sotile, del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia Y Genero (ELA). El colectivo, junto con Ni Una Menos, FEIM, Fundación MxM y Fundeps estuvieron detrás de la presentación judicial del 28 de junio que motorizó esta cautelar.
La Justicia ya había reconocido formalmente la legitimación de las organizaciones para representar al colectivo de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de vulnerabilidad múltiple, y había ordenado que se inscribiera la acción en el Registro de Procesos Colectivos. Es la primera vez que se presenta una acción de esta naturaleza en la era Milei. Con esta medida, el Poder Judicial da un paso clave en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes
El fallo, al que tuvo acceso este medio, indica que el Ministerio de Justicia no pudo demostrar cómo están garantizando los derechos consagrados en la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por el contrario, considera que están incumpliendo esta y otras leyes en las que el Estado se compromete a cuidarlas, en tanto «ha omitido adjuntar documentación respaldatoria». «Tampoco ha detallado, ni siquiera mencionado, la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas», enfatizó el juez Enrique Alonso Regueira respecto a los programas eliminados. No obstante, no hizo lugar al pedido por la reincorporación de trabajadores despedidos.
Desde que asumió Milei, se recortó casi un 100% (98,6%) el Programa Acompañar (el programa más importante de apoyo económico para las personas en situación de violencia con riesgo alto para sus vidas). El programa había alcanzado a 352.300 víctimas de violencia desde su creación en 2021 hasta diciembre de 2023. En el primer trimestre de 2023 fueron asistidas 34.023 personas, mientras que en el primer trimestre de 2024 fueron asistidas apenas 434 personas. La línea 144 corrió la misma suerte: el seguimiento de casos se redujo 25% y las perspectivas para 2025 son peores: por primera vez en 7 años no cuenta con presupuesto específico para 2025.
En la presentación judicial, el Gobierno lo negó. Hasta llegó a decir que no existió el cierre de la Subsecretaría anunciada por canales oficiales de difusión en junio y que los 81 Centros de Acceso a la Justicia que desfinanció por goteo siguen activos. «Simplemente, y en uso de sus atribuciones, la actual gestión de gobierno ha procedido a reorganizar la estructura estatal y sus programas y organismos, tal como se ha detallado y surge de las disposiciones y decretos publicados y en vigencia”, alegaron, aunque en estos momentos no existe a nivel nacional ningún organismo específico de protección contra la violencia de género.
El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad contaba a diciembre de 2023 con una planta de 1282 trabajadoras y trabajadores distribuidos en todo el territorio nacional para llevar adelante los diversos programas y líneas de trabajo; de los cuales a junio de 2024 sólo quedan alrededor de 630 trabajadores y trabajadoras, es decir que la planta se redujo un 50% en menos de 6 meses, de acuerdo a ELA.
Por encontrarse en juego derechos de niñas, niños y adolescentes, participó también el Ministerio Público de la Defensa, que advirtió que «persiste un marco de incertidumbre sobre los alcances de la relación jurídica que el Estado Nacional mantiene actualmente con las niñas y adolescentes afectando sus derechos constitucionales y convencionales a vivir una vida sin violencia”. Es decir, que hoy niñas, niños y adolescentes están también más desamparados que antes del ajuste en el Estado, más allá de lo que sostenga el Ejecutivo con tal de justificar su motosierra.