La oposición formalizará un pedido de juicio político contra el presidente tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA por haber promocionado un activo financiero sin garantías, afectando a miles de inversores.
La oposición formalizará un pedido de juicio político contra el presidente tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA done el presidente, a traves de su cuenta de X, promocionó un activo financiero sin garantías, afectando a miles de inversores.
El presidente argentino, Javier Milei, enfrenta su primera crisis política de magnitud tras la polémica generada por la criptomoneda $LIBRA. Un tuit suyo promoviendo el activo digital provocó una compra masiva y el posterior desplome de su valor, dejando miles de damnificados. La oposición no tardó en reaccionar: el bloque peronista de Unión por la Patria (UxP) confirmó que impulsará un juicio político contra el mandatario, acusándolo de ser partícipe de una estafa millonaria.
La maniobra, según expertos en criptomonedas, se trataría de un clásico caso de “rug pull”, donde los creadores de un activo inflan artificialmente su precio para luego vender en el pico y desaparecer con las ganancias. Se estima que en apenas tres horas más de 44 mil personas resultaron afectadas, y que algunas billeteras lograron embolsar entre 70 y 100 millones de dólares antes del colapso.
Tras la polémica, Milei eliminó su publicación y negó cualquier relación con la criptomoneda o su creador, el empresario estadounidense Hayden Davis. Sin embargo, su estrategia comunicacional generó más dudas que certezas. En un nuevo mensaje en redes sociales, afirmó que no estaba “interiorizado de los pormenores” del proyecto, pero no pidió disculpas ni asumió responsabilidad alguna. Además, atacó a la oposición con insultos y reafirmó su postura contra la “casta política”.
Las explicaciones del presidente fueron rápidamente cuestionadas. Medios argentinos señalaron que en octubre pasado Milei se reunió con Julián Peh, cofundador de KIP Network Inc., una de las empresas detrás de $LIBRA. La diputada oficialista Lilia Lemoine, por su parte, confirmó que la publicación original en redes no fue resultado de un hackeo, desmontando una de las primeras versiones que circularon entre los seguidores del mandatario.
El bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados avanzó este sábado en la presentación formal del pedido de juicio político. “La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes”, indicaron en la cuenta de X del bloque, presidido por Germán Martínez.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también exigió respuestas. «Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició. Tiene que quedar claro si él y su entorno están entre los estafadores. El presidente de la Argentina fue parte de una estafa mundial. Es un escándalo y una vergüenza. Pero, ante todo, es un delito», enfatizó Kicillof en su cuenta de X.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón anunció que impulsará el lunes el juicio político al jefe de Estado. Además, buscará interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que explique cuál es la relación del presidente con el proyecto «Viva La Libertad Carajo» de la empresa privada KIP Protocol, la misma que Milei promocionó en su cuenta oficial. También se pedirá que informe si la entidad está inscripta en Argentina y regulada por la Comisión Nacional de Valores.
El juicio político es el método que establece la Constitución Nacional para remover a las máximas autoridades del país. Está a cargo del Congreso y solo puede alcanzar al presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según el artículo 60 de la Constitución, “su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. Si existiera alguna, la responsabilidad penal de los acusados queda a cargo de los tribunales ordinarios.
El proceso se inicia en la Cámara de Diputados. Cualquier funcionario o ciudadano puede presentar un pedido de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte, que podrá ser aceptado o no por la Comisión de Juicio Político. Si se lo considera admisible, la Comisión pone en marcha un sumario de investigación tomando las medidas del caso, incluida la declaración del imputado. Una vez que se concluye la investigación, hace falta la emisión de un dictamen, que se aprueba por mayoría simple, para que se inicie el juicio político o se desestime.
Para que la Cámara baja se transforme en acusadora, hacen falta los dos tercios de los votos. Alcanzado ese número (algo que exige un importante consenso político), la Cámara elige a uno o dos diputados que serán los encargados de presentar la acusación ante la Cámara alta, el Senado, que se constituye en la encargada de resolver el caso. Para alcanzar la destitución hacen falta los votos de por lo menos los dos tercios de los senadores presentes.
De avanzar con un proceso hacia la destitución del presidente, sería un hecho novedoso en la historia parlamentaria reciente. Hasta el momento, los antecedentes de juicio político en el Congreso son sobre jueces de la Corte.
El último caso de destitución en Argentina ocurrió en 2005, cuando el Senado removió al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano por su vinculación con el caso Meller. Anteriormente, en 2003, el juez Eduardo Moliné O’Connor también fue destituido. En 1947, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se promovieron los últimos juicios políticos contra jueces supremos.