Colombia permanece en estado de conmoción tras el atentado ocurrido el sábado 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue herido de bala en la cabeza durante un mitin político en un parque del occidente de Bogotá. El atacante, un adolescente de 14 años, fue detenido minutos después del hecho, herido en una pierna por la Policía tras una breve persecución.
El episodio fue captado en video por asistentes al evento. En las imágenes, el menor puede verse tendido en el suelo y suplicando: «Perdón, lo hice por plata, por mi familia». La frase encendió el debate nacional sobre la instrumentalización de menores por parte de redes criminales.
La investigación en curso
La Fiscalía General de la Nación confirmó que el adolescente será imputado por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que se trata apenas de un «ejecutor material» y que ya se avanza en la identificación de los autores intelectuales del ataque. Las primeras hipótesis vinculan el caso a redes de microtráfico que operan en el barrio donde residía el menor, Villas de Alcalá.
Durante su detención, el joven mencionó: «Fue el man de la olla, yo digo quién fue, déjenme darle los números», en aparente referencia a un presunto reclutador ligado al narcotráfico local.
Un menor en situación de vulnerabilidad
Según datos oficiales, el adolescente ya había sido incluido en programas sociales como el Idipron y «Jóvenes en Paz», una iniciativa impulsada por el gobierno nacional para prevenir la violencia en jóvenes en situación de riesgo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro afirmó que el joven poseía “una personalidad completamente conflictiva” y había abandonado el programa sin asistir a clases.
El caso reabrió el debate en Colombia sobre la edad de imputabilidad penal y la eficacia de los programas de inclusión social. Mientras sectores exigen mayor mano dura contra el crimen juvenil, otros insisten en que el adolescente es víctima de un contexto social y económico adverso.
Repercusiones institucionales
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) repudió el hecho y condenó la utilización de menores en acciones criminales. Su directora, Astrid Cáceres, confirmó que se llegó a un acuerdo con la Fiscalía para garantizar la seguridad del joven, quien será trasladado a un Centro de Atención Especializada para Adolescentes Infractores, ya que la legislación colombiana no permite su reclusión en cárceles comunes.
La audiencia de imputación fue aplazada por razones médicas y se espera que se realice este martes 11 de junio. La sanción máxima que podría enfrentar el menor es de ocho años, dependiendo del avance del proceso judicial.