La investigación federal por lavado de dinero que involucra a dirigentes sociales chaqueños continúa avanzando y se esperan nuevos procedimientos en los próximos días. La causa, que ya suma 19 imputados y cuatro detenidos, apunta a una red que habría desviado cerca de 10 millones de dólares en fondos públicos destinados a obras sociales y viviendas.
El fiscal federal Patricio Sabadini, a cargo del expediente, aseguró que no habrá límites en la investigación: «Caiga quien caiga, vamos hasta el fondo de la olla», sostuvo con firmeza. La megacausa promete más allanamientos, principalmente orientados a secuestrar vehículos que estarían en manos de terceros, pero que pertenecen a los imputados y nunca fueron transferidos legalmente.
Los detenidos, identificados como Marcos Antonio Cáceres, Lucas Alexis Torales Cordeiro, Diego Armando Rolón y Juan Carlos Rolón, fueron capturados tras 22 allanamientos realizados el pasado 1 de abril. Todos están acusados del delito de lavado de activos provenientes de fondos públicos, y sus vínculos con cooperativas y fundaciones que habrían sido utilizadas como pantalla para desviar los recursos.
El esquema delictivo, según la pesquisa, se apoyaba en una estructura familiar: esposas, hijos y cuñados figuraban como titulares de agrupaciones o cooperativas que recibían aportes del Estado provincial. Desde allí, el dinero se habría canalizado hacia fines personales, como viajes, compra de vehículos, propiedades y hasta casas de lujo, en lugar de ser destinado a la construcción de viviendas o proyectos comunitarios.
Uno de los casos más llamativos es el de Juan Carlos Rolón, titular del movimiento Fundación La Roca Sólida, con fuertes vínculos con Mauro Andión, expresidente del ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, actualmente detenido por corrupción. Desde ese organismo, salieron los fondos que terminaron abasteciendo a las organizaciones involucradas en la causa.
Entre las irregularidades detectadas, se encontró un salón de fiestas con patio y pileta, construido sobre un terreno provincial que originalmente había sido entregado a la Fundación Soplando Vida para levantar un galpón comunitario. Sin embargo, el predio fue reconvertido en un espacio privado, al margen de los fines sociales que justificaron su cesión.
La Justicia federal sigue reuniendo pruebas y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, a medida que se profundiza la investigación sobre este entramado que, aunque conformado por dirigentes considerados de “segunda” y “tercera línea”, muestra un patrón delictivo sistemático.