El poderoso lobby pesquero que se reparte los cupos de pesca y volteó el capítulo del sector de la ley ómnibus hace un mes, está en guerra con la empresa del coleccionista de arte chino, Liu Zhijiang.
El mar argentino es uno de los que tiene más potencial pesquero porque el Océano Atlántico Sur está considerado el mayor caladero productivo del planeta.
Un caladero se refiere a una zona marítima donde los pescadores tienden a calar sus redes por la existencia de condiciones favorables que facilitan la abundancia de pesca. Y, Argentina podría convertirse en una verdadera factoría capaz de abastecer a la población mundial con alimentos de mar.
Ahora bien, la reforma al negocio cartelizado que intentó realizar la administración de Javier Milei a través de la denominada ley ómnibus naufragó entre denuncias de “entrega del mar argentino a las flotas inglesas, españolas y asiáticas” en detrimento de las nacionales que, en realidad, pusieron en blanco sobre negro, el poder que tiene un trío de empresas pesqueras que se reparten los cupos de captura otorgados por el Consejo Federal Pesquero y que terminaron con la idea del presidente Milei de realizar licitaciones internacionales para las cuotas de pesca al mejor postor.
Por lo que, quien ofreciera un arancel mayor en el proceso licitatorio, habría accedido al mar argentino.
La propuesta gubernamental fue retirada, pero provocó olas y, acaso parte de este maremoto en el entramado comercial, sea la reciente denuncia de tres compañías que usualmente salen beneficiadas con los cupos otorgados en el Consejo correspondiente, gobierne quien gobierne.
El buque Tai An, de la empresa pesquera Prodesur S.A. que opera en nuestro país desde el año 1991 y cuyo dueño es Liu Zhijiang, un empresario y coleccionista de arte chino que hace un año obtuvo una relativa fama cuando aseguró ser poseedor de una obra del maestro neerlandés del siglo XVII, Reembrandt, fue denunciado por pescar de manera ilegal.
Los directivos de las empresas Pesantar, Estremar y Argenova no dudaron en levantar el índice acusador para señalar al buque Tai An que capturó 163 toneladas de merluza negra, que según las primeras inspecciones, incluyen ejemplares juveniles de una especie que tiene futuro de extinción si continúa su depredación descontrolada.
Se trata de un cargamento muy valioso. Fuentes consultadas por NA expresaron que en el mercado internacional tiene un valor superior a los cuatro millones de dólares y el subsecretario de Pesca nacional, Antonio López Cazorla, deberá aconsejar al presidente Milei cuanto antes para que el gobierno autorice o deniegue su comercialización.
De más está decir que la Argentina ávida por recursos dinerarios no debiera dejar pasar ninguna oportunidad y a Milei lo favorece el hecho que la ley prohíbe devolver los frutos de mar capturados al océano. El Estado nacional sólo tiene dos vías o deshecha el polémico cargamento o lo comercializa.
Cuatro millones de dólares que muestran una guerra fría entre empresas pesqueras de capital nacional y una de capital asiático que opera legalmente en el país y que es punta de lanza de un fenómeno que NA ya había advertido en diciembre de 2023.
Mientras la tensión con el gobierno chino y otros gobiernos asiáticos crece al ritmo de la depredación que produce la pesca ilegal, una de las formas que adoptó la piratería en la actualidad, y, el Presidente Milei envía buques de la Armada para patrullar y resguardar la Zona Económica Exclusiva de la Nación que ha sido violada en reiteradas oportunidades desde el 2000 hacia esta fecha, se produce un hecho societario que puede cambiar las reglas del juego de este particular mercado que, hoy, está claramente cartelizado en pocas empresas.
Frente a un patrullaje más decidido de parte de la Argentina, en Beijing, China, no descartan adquirir empresas pesqueras nacionales para continuar con los negocios, esta vez de manera legal, a pesar del enfriamiento en las relaciones entre los dos países que podría obturar esa posibilidad.
Lo cierto es que, además de la guerra comercial entre pesqueras que operan en el país, el gobierno se vio obligado a aceptar y pedir renuncias de funcionarios, tras tomar estado público la avidez del capitán del Tai An por capturar merluza negra más allá del cupo que se le otorgó.
Primero renunció Julián Suárez a la oficina de control y fiscalización pesquera y, lo acompañó, a las pocas horas, el funcionario Abdalá Bertiche, ex director nacional de acuicultura, descontentó con los planes de motosierra de Javier Milei para el sector.
Pero, también, la Canciller Diana Mondino debió admitir la renuncia de Pablo Ferrara Raisberg, coordinador general en el ministerio de Relaciones Exteriores y representante en el Consejo Federal de Pesca, cuando Suárez lo señaló como el autor de supuestas llamadas intimidatorias, que le exigían que diera de baja una orden librada por su oficina contra el buque pesquero Tai An.
Todos afuera. Pero, en el ambiente pesquero se comentó que, “Suárez se hizo el indignado antes que comenzaran ciertas asociaciones del joven ex funcionario con Pesantar, que el grupo NewSan del conocido empresario Rubén Cherñajovsky le compró a la compañía japonesa Nissui, o con Estremar, la filial argentina del grupo con sede Abu Dhabi, Ocean Harvest, expertos en salmón”, explicó un empresario marplatense.
Los dos funcionarios de pesca que renunciaron “tenían muchas ganas de salir de sus puestos, más allá de las razones presupuestarias o de ciertos llamados pidiendo por el barco del coleccionista chino”, apuntó otro ejecutivo con despacho en Bahía Blanca.
“Tenían buena relación con los españoles de Argenova, del grupo Nueva Pescanova, y que junto a la empresa de NewSan vienen obteniendo los cupos de pesca desde la década del ‘90 del siglo pasado”.
Sea como fuere, la novedad es que la merluza negra capturada e incautada deberá tener un destino final y si le preguntan a Luis Caputo, ministro de economía, cuatro millones de dólares nunca están de más en su cruzada contra el déficit fiscal.