Jonathan N., denunció torturas por parte de efectivos de la comisaría de Salto Encantado. Además de los malos tratos sufridos, aseguró que los uniformados apuntaron a su defensora particular. “Los policías me mandaron decirle a mi abogada que se calle”, mencionó.
El relato de Jonathan N. (27) impone terror, sobre todo porque los implicados son funcionarios públicos que deberían servir y proteger. Contrario a ello, policías que prestan servicio en la comisaría de Salto Encantado le habrían propinado torturas y amenazas de muerte.
Pero no sólo eso, sino que estando detenido los uniformados apuntaron a su defensora particular, la abogada Cristina Yanet Breit, la cual ya solicitó protección de Gendarmería Nacional.
El joven fue detenido el pasado 19 de enero por supuesta resistencia a la autoridad, mientras que recién ayer recuperó la libertad por disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.
Sobre su captura, precisó que habitualmente sale a trotar para entrenar, porque juega al fútbol, circunstancia en que fue abordado por un móvil policial.
“Me preguntaron mi nombre, me acerqué para decirles y ahí uno sacó el brazo y me pegó. Me asusté y salí corriendo. Salieron atrás mío, me chocaron y me tumbaron. Me esposaron, me subieron al móvil y me empezaron a pegar”, relató Jonathan.
Camino al Hospital local, aseguró que lo amenazaron para que no comente que lo habían lastimado. Ya en la dependencia policial lo volvieron a castigar.
“Me sacaron al patio y me pegaron. Varios días fue lo mismo: los policías me hacían desnudar, me apuntaban con armas y tenía que hacer flexiones. Me pegaban en el estómago y me ahorcaban”, indicó.
Castigo constante
Los policías que lo detuvieron y que luego fueron denunciados son el oficial subayudante Iván José Ezequiel E. y del agente Eduardo Ezequiel P. En tanto, tras recuperar la libertad el joven precisó que hubo más implicados.
Mencionó que luego de su detención y la primera golpiza, los dos citados se golpearon entre ellos y el oficial se raspó contra una pared para simular lesiones que luego le adjudicaron.
Comentó que durante los días que estuvo preso compartió el encierro con otros dos detenidos, aunque lo sacaban de la celda para torturarlo fuera de la vista de los demás. Ni siquiera la visita de funcionarios de la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro (ex Prevención de la Tortura) habría aminorado el maltrato.
“Después que estuvieron los de la comisión empeoró todo. El viernes a la noche me llevaron al Hospital y me aplicaron una inyección que no sé qué era, pero salí mareado. En realidad, me siguieron pegando hasta el día me soltaron. Nunca pararon”, afirmó.
A su lado, la abogada Breit indicó que sospechan que la “inyección” no fue otra cosa que un anticoagulante para mitigar los hematomas que tenía, indicios de la violencia que ella llegó a observar.
Al respecto, agregó que “cuando lo fui a ver no me dejaron sacarle fotos. Incluso, me tuve que sentar en el piso con él para charlar y todo el tiempo estuvimos rodeados de policías”.
Jonathan -padre de dos menores- mencionó que “los policías me mandaron decirle a mi abogada que se calle, que pare. Por eso tengo mucho miedo, sobre todo por mi familia”.
Apoyo del Colegio de Abogados
Por su parte Breit alertó que es intimidada por uniformados de la comisaría local, por lo que acudió por protección a la Sección Aristóbulo del Valle de Gendarmería Nacional.
Mencionó que luego de la denuncia es acosada por personal de la misma dependencia. “Todo el tiempo pasan frente a mi estudio y mi casa, como para generar temor. Por eso dejé asentada la situación en una denuncia en Gendarmería, donde me atendieron muy bien”, indicó.
Asimismo, lamentó: “No podés caminar tranquilo por Salto Encantado porque ves a la Policía y tenés que salir corriendo por temor, siendo que están para cuidar a la sociedad. Pero eso pasa acá, en pleno siglo XXI”.
También contó que luego de hacer público el caso de Jonathan N. recibió innumerables comentarios sobre hechos de violencia institucional en Salto Encantado, lo que anticipó que se podría traducir en más denuncias.
Con información de El Territorio