Mujeres privadas de su libertad: desafíos y reformas necesarias en el Poder Judicial para garantizar la protección de derechos

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Romina Duarte hace un repaso acerca de las políticas públicas implementadas en la erradicación de las violencias por motivos de género. Además, insiste en la necesidad de reformas en el Código Penal, que presentan “un sesgo de género a la hora de investigar”.  

Romina Duarte es parte de “Bandada, Feminismo entre Rejas”, un colectivo integrado por mujeres e identidades disidentes, que trabajan con mujeres privadas de su libertad en Resistencia, unidas por el compromiso y la protección de los derechos humanos.

Este 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, la militante habló acerca de las políticas públicas implementadas en los últimos años en pos de la protección integral de las mujeres, diseñadas para la erradicación de las violencias por motivos de géneros. “La más importante de todas, una lucha de los feminismos, es sin dudas la Legalización del Aborto”, destaca Romina.

En cuanto a políticas nacionales, menciona el programa AcompañAR (creado con el objetivo de fortalecer la independencia económica de mujeres y disidencias en situación de violencia de género) y Producir (que impulsa, en el mismo sentido, proyectos productivos de todo el país, que llevan adelante organizaciones comunitarias -con o sin personería jurídica- en las que participan mujeres y disidencias). Además de la implementación de la Ley Micaela y la Ley Brisa.

“Un sesgo de género a la hora de investigar causas que implican a mujeres”

Respecto a los desafíos y discusiones necesarias que desde “Bandada” creen fundamentales para garantizar la protección de derechos a mujeres privadas de su libertad, se encuentra la reforma del Poder Judicial. “Trabajamos con mujeres privadas de su libertad y vemos un sesgo de género a la hora de investigar causas donde están implicadas las mujeres, ya sea como víctimas o como imputadas”, aseguran desde el colectivo.

Entre las iniciativas, mencionan el debate que se lleva adelante a nivel nacional y provincial, acerca de la reforma al Código Penal y lo relacionado específicamente, a la legítima defensa. “Esto debe ser contemplado en contextos de violencia de género”, afirman. Y agregan que: “Nosotros (desde la Fundación) hemos tenido contacto con una mujer que se ha defendido de su ex pareja en una situación de violencia y que estuvo privada de su libertad, lo cual no debería suceder justamente, porque ella se estaba defendiendo”, cuenta Romina.

Otra de las modificaciones que consideran necesarias, es la reforma integral de la Ley de Ejecución Penal (Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad), encargada de regular los contextos de encierro y la vida de las personas privadas de su libertad, tanto de mujeres como de hombres. “Esta Ley solamente hace referencia a los varones y tenemos mujeres privadas de su libertad en todo el país, como también disidencias”, asegura Romina. “Es necesario discutir una reforma integral de esta Ley, para que tenga perspectiva de géneros. Esta debe ser una tarea de las y los legisladores a nivel nacional”, insiste.

Otra los puntos fundamentales que menciona Romina, es acerca de la necesidad de establecer un régimen nacional y provincial, semejante a las Reglas de Bangkok (aquellos principios y buenas prácticas para la correcta administración penitenciaria de mujeres privadas de su libertad que buscan atender a sus necesidades específicas). “Esto no está implementado en una Ley a nivel nacional y provincial y me parece sumamente importante ya que, al momento de la detención, es donde se puede vulnerar la mayor cantidad de derechos”, asegura Duarte. “No solamente el acceder a un abogado defensor (derecho que más se vulnera) sino también el acceso a la salud (necesario para cuidar su estado físico y mental o, por ejemplo, saber si se encuentra embarazada, teniendo en cuenta que necesitará un régimen distinto al de un varón privado de su libertad”, aclara.

Tareas de cuidado: “Lo que sucede en libertad, también se ve reflejado a nivel carcelario”

Desde “Bandada”, consideran fundamental discutir las políticas de cuidado, ejercidas históricamente por las mujeres. “Sabemos, sobre todo, que las ejercemos exclusivamente las mujeres y eso se ve muy reflejado en el interior de las cárceles”, comenta. “Es el caso de las prisiones domiciliarias, que se les otorga a las mujeres cuando tienen hijos o están embarazadas, justamente para que vayan a su casa a ejercer las tareas de cuidado. Esto no sucede con los hombres”, asegura Romina.

La situación en las cárceles no es muy diferente: “Hay mujeres que tienen a sus hijes viviendo con ellas y ahí se ve reflejada toda una red de cuidados que armamos justamente las mujeres. Donde las mismas compañeras de la Unidad Penitenciaria ayudan a cuidar y a criar a ese niñe, como así también las mujeres del Servicio. Esto no sucede con los hombres”, asegura la militante.

“Lo que sucede en libertad, también se ve reflejado a nivel carcelario”, dice Romina y concluye reiterando que “desde Bandada creemos que este es el camino a discutir de ahora en adelante”.

Si sos víctima de violencias por motivos de género, denunciá

*Área Metropolitana de Gran Resistencia: Línea 137 (gratuita y confidencial)

*Guardia de atención las 24 horas en toda la provincia: 3624970852 (también pueden enviarse mensajes de WhatsApp).

*Guardia de 24 horas en el país: Línea 144 (gratuita y confidencial)

*Emergencias: Línea 911

A través de esas vías, las víctimas pueden recibir acompañamiento, asesoramiento o hacer una denuncia.