Insistió en que el decreto no debe pasar por la Justicia porque ya está en el Congreso. Cuestionó a la CGT.
El Gobierno de Javier Milei apeló ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara del Trabajo que invalidó el capítulo laboral del DNU desregulador.
La apelación que presentaron ante el máximo tribunal, señala: «No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora»
En este sentido, niegan que el DNU afecte a «los trabajadores que la actora dice representar» y, pregunta, «por qué considera que una norma que beneficia a la mayor parte de la población nacional afecta a los derechos» de la central sindical.
Además, plantea que la decisión de invalidar el DNU no le corresponde al Poder Judicial y que es una facultad propia del Congreso. «Si fuera voluntad del Congreso de la Nación dejar sin efecto o modificar lo establecido en el Decreto 70/23 lo podrían hacer sin ningún impedimento porque, actualmente, el trámite del DNU se encuentra en su ámbito para su tratamiento», afirmaron.
Otra de las razones planteadas es la existencia de razones de necesidad y urgencia para la emisión del decreto. «La imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual es de valoración estrictamente política», señalaron.
E insistieron: «El Presidente fue elegido por la mayoría del pueblo argentino para ejercer como Jefe Supremo de la Nación y Jefe del Estado. (…) Coartar sus atribuciones, tratando de imponerle un modelo de gestión no es solo ir en contra de la voluntad popular sino que, también, va en contra de la validez del texto constitucional y los principios que surgen del mismo».
La Corte podría pronunciarse al respecto dentro de varias semanas. Formalmente, el tribunal recién comenzaría a trabajar a partir de marzo, y ya tiene varias disputas entre las provincias y Nación que resolver, por lo que se desconoce cuándo podría existir una sentencia definitoria sobre esta temática.