Autoridades de todos los partidos que componen el espacio político de gobierno repudiaron los chats que se conocieron en las últimas horas y que involucran a jueces, políticos opositores, ex agentes de inteligencia y al magnate británico Joe Lewis. «El pueblo argentino merece una Justicia autónoma, republicana, y profundamente democrática”, expresaron.
Mediante un comunicado, integrantes del Consejo Provincial del Partido Justicialista y de partidos que componen el Frente de Todos Chaco se expresaron para repudiar, condenar y denunciar los vínculos entre un sector del Poder Judicial, grupos mediáticos, empresarios y políticos del arco opositor. “No hay democracia ni Estado de derecho posible con un Poder Judicial adicto y al servicio del poder económico, parcializado y utilizado como herramienta de persecución política”, afirmaron.
Las y los referentes del espacio político exigieron la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura – paralizado por el accionar de la Corte Suprema de Justicia – además de la renuncia de los funcionarios públicos involucrados, “y una seria y profunda investigación, acorde a la gravedad de los hechos”, señalaron.
El comunicado surge luego de que se diera a conocer un chat entre jueces, funcionarios porteños y el presidente del Grupo Clarín, como una suerte de respuesta luego de que trascendiera que ese grupo viajó, por invitación de directivos de Clarín, a una zona del Lago Escondido ubicada en las tierras del empresario birtánico Joe Lewis.
El encuentro, expuso nuevamente “los vínculos de la justicia de nuestro país con un sector de la oposición”, afirmaron y agregaron que se trata de jueces y fiscales que tienen un rol decisivo “en la persecución política, judicial y mediática que vienen llevando adelante contra funcionarios pertenecientes al peronismo”. A esto se suman las causas judiciales contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, “utilizando el lawfare y que tienen vinculación directa con la jueza Capuchetti, cuestionada por la vicepresidenta por no investigar el intento de magnicidio en su contra”.
Además, denunciaron que, en los chats difundidos, “se observa claramente la comisión y el encubrimiento de delitos como falsificación de documentos, falso testimonio, censura directa, y amenazas de continuar armando causas a quien hablen de ellos bajo amenaza de la aplicación de torturas y encarcelamientos ilegales”.