A su pareja, que también fue a la sede policial, le tomaron una denuncia contra la mujer por hostigamiento y lesiones.
Noelia Sosa, de 30 años, se quitó la vida tras sufrir la desidia del Estado cuando fue a denunciar que era víctima de violencia de género.
Madre de dos hijos, Noelia fue encontrada sin vida en su departamento de Trancas, en Tucumán. A su lado había dejado una carta.
«No fue culpa de nadie. Es mi vida. Soy yo. A Sebastián decile que lo amé hasta el último día de mi vida. Ojalá se hubiera dado cuenta», escribió.
Y añadió: «Perdoname mamá. No le encontré salida a mi vida y si te hubiera escuchado tantas veces, mi vida no estaría tan acabada. Decile a los chicos que los amo. Ojalá algún día puedan perdonarme».
Con el avance de la investigación, se disparó la indignación. Es que la mujer se había presentado momentos antes en la comisaría para denunciar que era víctima de violencia de género.
Pero, según contaron sus familiares, los efectivos que estaban en el lugar en principio se negaron a tomarle la denuncia y a brindarle protección cuando avisó que su pareja, Sebastián Balegno, se encontraba en la puerta de la sede policial.
«La sacaron a empujones», aseguró su prima, Carla Gongora.
Le dijeron que no había un oficial de turno para tomarle la denuncia y que debía regresar a las 17.
Poco después de retirarse, llegó otro agente a la seccional que le tomó la denuncia a Balegno contra la mujer por histigamiento y lesiones.
«Los policías que la atendieron nunca le dijeron que vendría alguien para que le tomara la denuncia, si lo hubieran hecho, quizás ella no tomaba esa decisión. En su desesperación, Noelia no pudo esperar. Él, para denunciarla, sí esperó», afirmó la prima de la víctima.
Sosa se dirigió a su casa, escribió la carta para sus seres queridos y se quitó la vida.
«Parece mentira que en los tiempos que vivimos se registre un caso de violencia institucional tan grave como este», advirtió el fiscal Carlos Sale, quien aclaró que no hay ningún indicio de que se haya tratado de un femicidio.
Y añadió: «A partir de la Ley Micaela todos los empleados públicos tienen la obligación de actuar con perspectiva de género y con mayor razón un efectivo de la fuerza policial que está en una Unidad de Operaciones, aunque no esté el oficial de turno. Se habla en estos tiempos de la violencia institucional que aparece cuando han sido hostiles con la víctima o con quienes requieran la participación de la institución y esta no responde».
La indignación y el reclamo escaló. El gobierno de Tucumán removió a la cúpula policial que prestaba servicio en esa comisaría de Trancas.
«En ese momento, estaban trabajando cinco efectivos. Para respetar los derechos que tienen de defensa, se investiga y se van tomando actuaciones. Después se verá si se los acusa o imputa», señaló el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.
El funcionario prometió ir «hasta las últimas consecuencias».