Novedades en la causa de la mujer que salió a comprar en cuarentena y apareció muerta en una comisaría

«Nosotros venimos repitiéndolo desde ese día: mi hermana no se suicidó, a mi hermana la mataron», reafirmó la hermana de Magalí Morales tras conocer el nuevo informe que pide ampliar la imputación contra cuatro policías.

Se había asentado en San Luis tras irse de Mendoza para empezar una nueva vida después de separarse de su violento ex. En plena pandemia, salió a comprar comida para sus hijos, la apresaron por violar la cuarentena y apareció muerta en una comisaría.

Pasó un año y medio desde el fallecimiento de Magalí Morales, en una causa llena de sospechas en la que policías apuntaron a un suicidio, mientras su familia sigue a la espera de Justicia.

Los hechos

Todo comenzó el 5 de abril de 2020, cuando en la provincia puntana las salidas estaban restringidas por el DNI: un día tenían permitido circular los que terminaban con número impar, al otro los pares.

Morales se retiró de su domicilio en bicicleta para comprar alimentos. En ese trayecto se produjo una discusión y la mujer se dirigió a la comisaría 25, lo que quedó registrado por las cámaras de video de un banco y corroborado por testigos.

A metros,  según un informe firmado por Horacio Pietragalla Corti, como particular damnificado por la Secretaría de DDHH, fue interceptada por el subcomisario Heraldo Clavero, quien le indicó que debía ingresar a la comisaría, lo que ella hizo tras dejar su bicicleta en la calle.

De los elementos reunidos surge que dentro de la comisaría se ordenó que la mujer quedara detenida, incomunicada y alojada en una celda por violación al ASPO, pese a que no existió orden, al menos escrita, de ninguna autoridad judicial.

Una vez reducida y privada de su libertad, Morales fue llevada al Hospital de Santa Rosa del Conlara para que la revisara un médico de turno, quien constató que no presentaba las lesiones en los brazos y otros sectores del cuerpo que se detectaron luego, cuando fue hallada ahorcada.

En base a dichos de testigos y de algunos policías, nuevamente en la seccional, Morales gritó, golpeó puertas y pidió ser liberada para cuidar a sus hijos que habían quedado solos en su casa.

Finalmente, fue hallada muerta por asfixia, con un cordón alrededor del cuello, en una celda que, según los propios policías de la dependencia, no estaba en condiciones de ser utilizada.

El desamparo de su familia

«Nosotros venimos repitiéndolo desde ese día: mi hermana no se suicidó, a mi hermana la mataron. Van a tener que explicar todas las mentiras que nos han dicho, como los que me dijeron que Magalí estaba declarando en el juzgado y llevaba cinco horas muerta», sostuvo Celeste Morales (43) en declaraciones.

 «¿Cómo puede ser que no haya un solo detenido por la muerte de mi hermana? Sólo indagados e imputados, cuando todos encubrieron, todos fueron cómplices. Desde el forense que hizo la primera autopsia, los policías que la golpearon y la mataron, hasta las mujeres policías que la tenían que cuidar y no hicieron nada para ayudarla. Mi hermana salió para cuidar a sus hijos. ¿Qué tanto mal pudo haber hecho para que le hicieran una cosa tan perversa?», cuestionó.

En forma reciente se solicitó incorporar un nuevo informe al expediente, realizados por la médica forense Vanina Elizondo y la perito criminalística, Mónica Isabel Chechi, que trabajaron junto personal del Poder Judicial.

Allí se pide la ampliación de imputación para que los cuatro policías sospechados sean acusados por «homicidio agravado».

Se trata de los oficiales María Eugenia Argüello, Johana Paola Torres y Marcos Ontiveros. Además del comisario, Heraldo Clavero, hasta ahora imputados por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «privación ilegal de la libertad».

Según el abogado de la familia de la víctima, Federico Putelli, detalló que la nueva prueba corresponde a un informe «criminalístico y forense» del que surge que Magalí murió por «asfixia por estrangulamiento», no por suicidio.

El informe contiene resultados de una reautopsia realizada en agosto de 2020 en San Rafael y que, por decisión del juez de Instrucción Penal, Jorge Pinto, tuvo que ser parcialmente pagada por la familia de la víctima.

La primera autopsia había sido realizada por el médico forense Gustavo Lafourcade, horas después de la muerte de Magalí. En ese informe ya habían revelado que la víctima tenía «contusiones en los brazos» y «escoriaciones debajo de las rodillas», compatibles con autodefensa.

Tras conocer el nuevo informe, Celeste sostuvo: «Lloré todos los días porque fue tanta la lucha, tanto el esfuerzo para lograr que nos escuchen. Decidí dejar de llorar porque tengo que estar fuerte para mis viejos, mis sobrinos y mi hijo».

«Esta es la oportunidad que tienen el juez Pinto y el fiscal Roberto Silvestre de limpiar sus nombres, de hacer lo que tendrían que haber hecho desde el primer momento y trabajar bien, como corresponde», advierte.

Y añadió: «Hasta ahora no sé cómo les voy a decir a los chicos todo esto, que tenían razón, que su mamá nunca se hubiera suicidado porque los tenía a ellos… la recordamos escuchando música, riéndonos o cuando hacemos cosas parecidas».

«Voy a encontrar la paz, o el alivio al menos, cuando me digan que son más los involucrados, porque yo sé que fueron más, y que van a ir todos presos. Quiero una condena equiparable a la muerte de mi hermana, que no va a estar nunca más con nosotros», finalizó.