Un remisero tenía un rol clave en la captación de las adolescentes, mientras que los otros acusados pagaban por distintas prácticas sexuales.
Los cuatro detenidos en la causa por trata sexual de alumnas de un colegio secundario fueron imputados con prisión preventiva por parte del juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, tras hacer lugar al requerimiento de los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual.
Un remisero y otros tres acusados quedaron imputados como coautores de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, la participación de más de tres personas y por haberse consumado la explotación. A instancia de la fiscalía, a los cuatro se les dictó la prisión preventiva.
En tanto, en el caso hay un quinto investigado que es un adolescente de 16 años quien quedó imputado de manera provisoria por el mismo delito, pero en carácter de partícipe secundario, y que continuará sometido a proceso con un régimen especial.
Según la hipótesis fiscal, el conductor cumplía un rol central en la captación de las adolescentes y en la organización de los encuentros sexuales. Los mismo se realizaban en hoteles ubicados sobre la ruta 26 o en la casa de uno de los explotadores. Por ahora, son tres las víctimas identificadas en la investigación.
El fiscal Villalba remarcó que el remisero “se valía de la confianza que le tenían los padres en el traslado de sus hijas para captar, de manera perversa, a las adolescentes y luego ofrecerlas a los explotadores”.
Su función, según se especificó, “era buscar cuál era la mercadería que los clientes estaban necesitando”.
Las actuaciones preliminares permitieron tener por acreditado el delito, que comenzó con la captación de alumnas de cuarto año de dicho colegio, las que tuvieron “encuentros” sexuales a cambio de entre $60 mil hasta $200 mil con los tres explotadores imputados.
En el escrito del Ministerio Público Fiscal se destaca que el remisero tenía sometidas desde el punto de vista psicológico a las víctimas, debido a que algunas de ellas “lo veían como una persona que les posibilitó adquirir ciertos bienes como un celular o ropa y manejar ciertas sumas de dinero, y que otras le temían porque las tenía amenazadas con contarle lo que hacían a sus padres”.
Villalba explicó que el pago por los servicios se podía hacer mediante transferencias o efectivo y que, por lo general, las citas se hacían casi sobre el final del horario de escuela y cuando había hora libre.
En la audiencia imputativa, la fiscalía recordó que la escala penal prevista para este delito agravado es de 10 a 15 años de prisión y que se trata de un caso de “alta complejidad” en el que se ve vulnerada la “dignidad de los niños” y donde hay otras víctimas que por el momento aún no declararon y peritajes pendientes.
Al momento del descargo, solo dos de los imputados declararon y lo hicieron para desligarse de la imputación. Entre otros argumentos, dijeron que desconocían la minoridad de las víctimas, o que solo pagaron por sexo.
Denuncias
La primera denuncia se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual, entre ellos uno enviado por el remisero, a través del cual hacía alusión a su otra hija de 12 años.
La denuncia motivo la apertura de una causa penal en la justicia provincial y, según el parte enviado otra mujer radicó una nueva denuncia en la que afirmó que un compañero de la escuela intentó captar a sus hijas de 13 y 16 años.
A su vez, una de las víctimas prestó testimonio en cámara Gesell y confirmó que las reuniones íntimas existieron y remarcó que un remisero las trasladaba a distintos hoteles con otros hombres que abonaban para mantener relaciones sexuales.
La adolescente añadió que ella y otras mujeres eran obligadas a consumir alcohol y drogas.