En 2015 se implementó en Chaco la ley 2304-N que permitió a la Justicia Provincial investigar, perseguir y reprimir los delitos de tráfico ilegal de estupefacientes, en la modalidad comercio al menudeo, tenencia simple y para consumo personal ostensible.
El 25 agosto del 2015 se implementó en Chaco la ley 2304-N que permitió a la Justicia Provincial investigar, perseguir y reprimir los delitos de tráfico ilegal de estupefacientes, en la modalidad comercio al menudeo, tenencia simple y para consumo personal ostensible. Está compuesto por dos Fiscalías de Investigación y una Defensoría Oficial, todos ellos con competencia en toda la provincia; un Juzgado de Garantías con competencia en la I Circunscripción Judicial y un ayudante fiscal para cada una de las circunscripciones judiciales del interior.
Hasta ese año, la persecución de los delitos por infracción a la ley de estupefacientes estaba exclusivamente a cargo de las autoridades nacionales, organismos de seguridad y de la Justicia federal. Sin embargo, el incremento del comercio ilegal de estupefacientes en la modalidad menudeo, hizo necesario contar con una norma que permita al Poder Judicial del Chaco y a la policía provincial tener competencia en la materia, con el fin de atacar de manera focalizada dicha problemática.
A través de un comunicado de prensa del Ministerio Público Fiscal, se asegura que lo novedoso de esta implementación consiste en que dichos órganos de la provincia intervienen únicamente en los delitos vinculados al comercio de estupefacientes al menudeo, se centra en aquellos actos de tráfico que implican la compra – venta de dosis fraccionadas para el consumo, los delitos de tenencia ilegal de estupefacientes y en la tenencia ilegal para consumo personal que exceda el ámbito de la intimidad (Artículos 5, inciso C y 14 de la ley 23.737 y modificado).
“Es así que fueron dejados fuera de la jurisdicción federal los hechos puntuales que significarían el último eslabón de la cadena de comercialización con principal fundamento, además, en la inmediatez con la que puede actuar en esos casos la justicia local en el interior de la provincia”, agrega el escrito.
“Muy buenos resultados”
El parte oficial destaca que la desfederalización tuvo muy buenos resultados, conforme surge de los datos estadísticos extraídos del sistema de Gestión SIGI, mostrando una clara evolución desde el inicio de la implementación a la fecha, en cuanto al avance de la persecución de este delito.
El traspaso de competencia implicó la descongestión de la Justicia Federal permitiendo concentrar sus esfuerzos en el tráfico a gran escala. A la vez, la justicia provincial incrementó notablemente las investigaciones por este delito en la modalidad narcomenudeo con respecto a las causas tramitadas en el fuero federal de la provincia.
En su último informe la PROCUNAR detalló que a raíz de la Ley Narcomenudeo se redujeron esas causas en el fuero Federal. En tal sentido, en 2011 el 37 por ciento de los expedientes era por tenencia para consumo personal, mientras que en 2022 el 88 por ciento eran en las que se investigó el tráfico de estupefaciente a gran escala.
La creación de Fiscalías Antidrogas permitió concertar información criminal y facilitar así la ubicación de los lugares en que se realizan mayor cantidad de delitos de tráfico y qué tipo de estupefacientes se comercian. Es una importante herramienta de investigación incluso para poder detectar a las bandas que son proveedoras de aquellos que venden al consumidor, lo cual en la práctica implica que algunas investigaciones iniciadas por la Justicia Provincial permitan a la Justicia Federal detener a los miembros de estas organizaciones de narcotraficantes.
También se incrementó notablemente la cantidad de condenas por estos delitos y en menor tiempo. Es así a tal punto que en algunas circunscripciones se llegaron a obtener aproximadamente más de 10 sentencias condenatorias por mes por delitos de comercio, algo inédito antes de la desfederalización.
A la vez, la persecución del delito en la última etapa de la cadena de comercialización por parte de la policía y de los organismos judiciales de la provincia, tiene resultados en materia de política criminal ya que la Procuración General determinó pautas para establecer la envergadura de la problemática, disponiendo, como contrapartida, criterios para realizar el archivo de causas en función a la escasa cantidad, de conformidad a lo dispuesto por la SEDRONAR en los casos de tenencia para consumo personal y de esta forma no criminalizar al consumidor.
Decisión acertada
“Hay que destacar que la desfederalización también permitió el acercamiento de los vecinos a la investigación, en tanto la inmediatez de estos con las fiscalías tematizadas y la policía especializada, brindando un caudal importante de información sobre los lugares en los barrios donde observan la venta ilegal de la droga. Lo canalizan por medio de los foros de seguridad o mediante denuncia anónima que prevé normativa, circunstancia que no se daba cuando la aplicación de la ley correspondía únicamente al fuero federal”, concluye el comunicado.
Según la información brindada por la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía de la Provincia del Chaco en los años 2022 -2023 se realizaron con intervención de las Fiscalías de Narcomenudeo más de 550 allanamientos; se secuestró 642,55 Kg de marihuana; 58,83 kg de cocaína; 250 dosis de LSD; 22,3 gramos de “pedra”, hongos alucinógenos; 210 balanzas de precisión; 57 automóviles; 245 motocicletas y la suma de $26.555.995
Finalmente, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que, conforme surgen datos estadísticos, la implementación de la desfederalización fue una decisión acertada para incrementar los recursos en la persecución penal del denominado narcomenudeo.