Las subsecretarías de Políticas para el Mercado Interno y de Pequeña y Mediana Empresa -ambas bajo la órbita de la cartera de Economía de la Nación- aprobaron el otorgamiento de aportes no reembolsables (ANRs) de hasta $ 7 millones a los comercios que sufrieron robos entre los pasados 19 y el 25 de agosto, de acuerdo con lo anunciado por el ministro Sergio Massa,
La medida de asistencia financiera fue formalizada a través de la Disposición Conjunta 1/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial.
El beneficio podrá ser solicitado por aquellos titulares de comercios que fueron víctimas de “daños y/o robos” entre los días 19 y 25 de agosto, para recomponer el capital de trabajo y los bienes de capital afectados y que son necesarios para el normal desarrollo de sus tareas.
Cada solicitante podrá recibir hasta $ 7 millones, monto que será determinado por el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) en base a una evaluación que tendrá en cuenta, primero, la pertinencia del beneficio y, luego, su cuantía “en función del encuadre temporal de los hechos denunciados y la información que surja de la certificación contable presentada, entre otros aspectos”.
En el caso de aquellos comercios que se encuentran adheridos a Precios Justos y cuentan con más de 50 empleados, no podrán acceder a los ANR en el caso de registrar incumplimientos en el marco de ese programa.
Para acceder al subsidio, los solicitantes deberán presentar a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD), la denuncia policial, constancia de CBU perteneciente al comercio que sufrió el siniestro, formulario de información de siniestro, y documentación probatoria adicional como fotos, videos, documentación que acredite la titularidad del comercio y sumario policial, entre otros.
También deberán presentar una certificación contable del registro del siniestro y un formulario de solicitud, según los modelos que se pondrán a disposición en la página argentina.gob.ar/producción/financiamiento.
Los damnificados podrán solicitar el subsidio desde hoy hasta el próximo 30 de septiembre, y en principio, el cupo total de aportes a otorgar será de $ 700 millones.
La resolución habilita al comité ejecutivo del Fondep a, eventualmente, ampliar o limitar el periodo temporal de casos a contemplar y de decidir un límite geográfico.
Además, se reserva el derecho de solicitar el reembolso de los aportes en el caso que haya resoluciones judiciales firmes que desconozcan los hechos.
La medida había sido anticipada el miércoles pasado por el ministro de Economía, Sergio Massa, mientras se encontraba en la ciudad de Washington, en el marco de las conversaciones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional.
En esa oportunidad, al ser consultado por los robos organizados contra comercios ocurridos por esos días en distintos puntos del país, Massa afirmó que «uno de los planos» de esos hechos es «la causa y el origen» de esos delitos, por lo que «será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de delincuentes o de delincuentes instigados».
El «segundo plano», describió, está conformado por la «gente de laburo», en referencia al «supermercadista que trabaja todos los días, levanta la persiana y fue víctima de un delito».
En ese marco, Massa había anunciado su decisión de instruir a la Secretaría de Industria de la cartera económica para que a «cada uno de los comerciantes atacados en Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza, y que tengan la denuncia realizada y una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable de hasta $ 7 millones para recuperar el capital de trabajo», una medida que finalmente quedó oficializada hoy.
El funcionario y candidato presidencial de Unión por la Patria señaló que «la gente de trabajo que fue víctima de un delito tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y protección».
En los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial, se señala que «el Estado nacional ha decidido tomar medidas a fin de morigerar las consecuencias disvaliosas de los acontecimientos mencionados» y se subraya que «el sostenimiento de las actividades comerciales, resulta estratégico a la hora de fomentar las cadenas de valor de los distintos bienes y servicios que se producen en todo el territorio nacional, entendiendo a éstas como un eslabón fundamental que hacen de nexo entre los productores y los consumidores de los referidos bienes y servicios».
«Por ello resulta necesario implementar medidas que permitan rápidamente recuperar el capital de trabajo y los bienes de capital que fueron sustraídos de la capacidad comercial de las víctimas de los eventos aquí señalados», concluye la resolución conjunta de las subsecretarías de Políticas para el Mercado Interno, y de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía de la Nación.