Una denuncia recibida por un fiscal de San Lorenzo derivó en una investigación de Policía Federal que concluyó en un megaoperativo llevado adelante en Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Un caso de estafa en San Lorenzo no sólo derivó en una investigación por al menos diez hechos de dicha modalidad delictiva en la región, sino también en una serie de allanamientos dispuestos este martes en ciudad de Buenos Aires y en provincias de Santa Fe y Córdoba, ordenados por el fiscal sanlorencino Carlos Ortigoza en conjunto con funcionarios de la Justicia Federal.
En los procedimientos llevados adelante por personal de la Policía Federal, secuestraron una cifra cercana a los 100 mil pesos en efectivo, alrededor de 40 celulares, anotaciones con claves de home banking, de números de CBU y de teléfonos, una notebook y documentos de interés para la causa, especificaron.
La investigación se inició en mayo pasado, a raíz de la recepción de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía de San Lorenzo, adonde varias víctimas manifestaron haber sido estafadas mediante técnicas engañosas, vaciando sus cuentas bancarias y tomando créditos a su nombre.
A raíz de ello, los uniformados de Policía Federal realizaron discretas pesquisas durante varios días, identificando al encargado de efectuar las maniobras delictivas como también a sus cómplices y allegados, quienes colaboraban para retirar de diversos medios de pago, el dinero proveniente de dichas estafas que luego derivaban a cuentas bancarias virtuales.
Asimismo determinaron que los llamados telefónicos que recibían las víctimas provenían desde la Unidad Penitenciaria N° 10 de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba.
Se ordenaron 16 allanamientos entre la ciudad de Buenos Aires, en dicho Servicio Penitenciario y en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
En la Unidad Penitenciaria se secuestró documentación que vincula al responsable de la maniobra delictiva con las víctimas y sus cómplices, libros de dicha unidad y registros fílmicos que fueron asegurados.
Los detenidos, nueve mujeres y seis hombres, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias, a cargo del juez Edmundo Rabbione.