Redacción.
Ante la denuncia presentada por la Defensora General Adjunta del Poder Judicial, Gisela Gaúna Wirz, es necesario aclarar y poner en contexto las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad del Chaco, en conjunto con la Jefatura de Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, durante el operativo del pasado 31 de marzo en la ciudad de Sáenz Peña.
El traslado de quince personas privadas de su libertad hacia el Complejo Penitenciario II se realizó en el marco de una estrategia integral de reorganización del sistema de alojamiento de internos en la provincia, con el objetivo de descomprimir la situación de hacinamiento en comisarías del interior y mejorar las condiciones de detención, garantizando estándares mínimos de seguridad y derechos.
Dicho operativo fue planificado respetando los protocolos institucionales de seguridad, en coordinación con distintas áreas técnicas y logísticas, asegurando la transparencia del procedimiento y el cumplimiento de las normas legales vigentes. La presencia de medios de comunicación se dio en el marco del derecho al acceso a la información pública, sin que esto implique, bajo ningún punto de vista, una intención de vulnerar la dignidad de los internos.
La exposición en un espacio abierto, lejos de representar un acto de humillación, fue un mensaje claro a la ciudadanía sobre el compromiso del Estado provincial con la seguridad pública, la firmeza ante el delito y la transparencia institucional. En un contexto social donde la inseguridad genera preocupación en la comunidad, es deber de las autoridades actuar con determinación para recuperar la confianza social y hacer cumplir la ley.
Tanto el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, como el jefe de Policía, Fernando Romero, han asumido con responsabilidad su rol de garantes del orden público, priorizando el respeto a los derechos humanos, pero también la necesidad de responder con acciones concretas ante la demanda ciudadana de mayor seguridad.
Cualquier intento de judicializar decisiones operativas y administrativas, adoptadas en el marco de la legalidad y en pos del bien común, no hace más que obstaculizar el trabajo serio y comprometido que desde el Estado se lleva adelante para construir una provincia más segura y con instituciones más fuertes.
Por Noticias Data