La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), junto a 20 organizaciones de la sociedad civil, impulsó la aprobación de un decreto de autolimitación de facultades en el proceso de designación de magistrados y magistradas, para que el Poder Ejecutivo contribuya en la reducción de la brecha de género al proponer integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Según los datos del Mapa de Género de 2021 elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las mujeres ocupan solo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal. Dicho porcentaje desciende en la medida que se asciende en jerarquía, hasta llegar a un 17% en los máximos cargos de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General. Incluso, en algunos fueros como las Cámaras Federales de La Plata, Mar del Plata y General Roca y las Cámaras Nacionales de Casación en lo Criminal y Correccional, en lo Criminal y Correccional Federal, y la Cámara Nacional Electoral el porcentaje de camaristas mujeres llega a cero. Estas cifras evidencian que en el sistema de justicia persiste un “techo de cristal”, basado en una segregación horizontal y vertical que impide que las mujeres puedan acceder a cargos más altos en condiciones de igualdad con los varones.
“Es por ello que presentamos ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia una propuesta para que el Poder Ejecutivo apruebe un decreto que incorpore a su facultad de seleccionar magistrados y magistradas establecida en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional una serie de requisitos tendientes a garantizar la igualdad de género en el acceso a cargos judiciales”, explican en su comunicado.
Además, aclaran que “entre las disposiciones del decreto sugerimos que se incluya la obligación de devolver las ternas remitidas por las instituciones judiciales cuando estén conformadas solamente por varones; la obligación de designar mujeres en los órganos colegiados que actualmente están conformados solo por varones; y la de determinar un porcentaje mínimo de cargos judiciales que deberán ser ocupados por mujeres para que, en los casos en que éste no se cumpla, se comprometa a remitir al Senado únicamente el pliego de candidatas mujeres.”
Por otra parte, sostienen que “debido a que el proceso de selección de autoridades judiciales involucra a diversas instituciones, la responsabilidad de revertir esta situación alarmante recae sobre los tres poderes del Estado argentino. Mientras que el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) se ocupan de realizar los concursos para cargos de juezas y jueces, fiscales y fiscales, defensoras y defensores, respectivamente, el Poder Ejecutivo recibe las ternas de las que debe elegir a una persona para remitir su pliego al Senado, que da aprobación final a la o el postulante.”
“Si bien en el Consejo de la Magistratura y el MPD implementaron algunas medidas de acción afirmativa para eliminar las barreras que las mujeres enfrentan a la hora de concursar para los cargos en estas instituciones, una de las problemáticas advertidas es que el Poder Ejecutivo sigue enviando un número significativamente mayor de pliegos de varones que de mujeres para su aprobación en el Senado. De esta manera, omite considerar el impacto que esto tiene en términos de legitimidad democrática del sistema de justicia y agrava la brecha de género en la composición del Poder Judicial y del Ministerio Público”, expresan.
“En virtud de ello, y sin perjuicio de que debe avanzarse en paralelo con reformas en esta materia en las etapas de los procesos de selección que llevan a cabo el Consejo de la Magistratura, el MPF y el MPD, el Poder Ejecutivo Nacional debe tomar medidas de acción afirmativa en la instancia del proceso en la que interviene para garantizar la designación de magistradas y revertir así el grave contexto actual de desigualdad, que viola compromisos internacionales y mandatos constitucionales”, concluye el comunicado de las 21 organizaciones.