La caución fue fijada por el juez Lanzón para 6 de los 14 directivos imputados por los delitos de balance falso, estafas y apropiación indebida de tributos. Los fiscales Moreno y Narvaja habían pedido la prisión preventiva para 5 de ellos.
La Justicia dictó una alternativa a la prisión preventiva efectiva para los 14 ejecutivos imputados en la causa Vicentin, bajo el cumplimiento de determinadas reglas de conducta. Además se fijó una caución de 10 millones de dólares para Omar Adolfo Scarel, Alberto Julián Macua, Daniel Néstor Buyatti, Roberto Alejandro Gazze, Miguel Vallazza y Javier Gazze.
Los imputados deberán fijar domicilio, tendrán prohibido salir del país y deberán entregar sus pasaportes a Fiscalía en caso de poseerlos.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja habían solicitado la prisión preventiva efectiva para Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallazza y Javier Gazze; además pidió la morigeración a prisión domiciliaria para Daniel Buyatti; mientras que para el resto de los imputados Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi y Raúl González Arcelus se requirieron reglas de conducta.
Este jueves concluyó la audiencia imputativa que comenzó martes en relación a causa Vicentin. En la reanudación del debate en el Centro de Justicia Penal se trataron las medidas cautelares y dos días atrás se habían tratado las imputaciones.
Los fiscales Moreno y Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, les atribuyeron:
En relación a denuncia de bancos internacionales
Se imputó a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze., Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Scarel, Javier Gazze y Miguel Vallazza, el delito de balance falso con el delito de estafa: seis hechos en concurso real.
Los imputados formaron parte del directorio y de la comisión fiscalizadora hasta el 15 de octubre de 2020 en que presentaron su renuncia. Daniel Buyatti (presidente), Alberto Macua (vice), Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Colomba Boschi, en su carácter de directores titulares de Vicentin SAIC y a los síndicos de dicha firma, Raúl González Arcelus y Omar Scarel se les atribuyó haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
También se les endilgó haber confeccionado y presentado ante los bancos internacionales, que luego se detallan, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019 firmados por Roberto Gazze y certificados de compliance con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresas, firmados por Javier Gazze, Colomba Boschi, Alberto Macua y Miguel Vallazza, los que exhibían una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentín SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordada.
Los bancos internacionales denunciantes: International Finance Corporation, una organización internacional con domicilio en la Avenida Pennsylvania 2121, Washington, Estados Unidos, en adelante “IFC”; Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden, una sociedad con domicilio en Anna Van Saksenlaan 71, La Haya, Holanda, en adelante “FMO”; ING Bank una sociedad con domicilio real en Bijlmerdreef 106, Ámsterdam, Países Bajos, en adelante “ING”; Natixis New York Branch, con domicilio Avenida de las Américas 1251, Nueva York, Estados Unidos, en adelante “Natixis” y Coöperatieve Rabobank, una sociedad con domicilio en Croeselaan 18, Utrecht, Países Bajos, en adelante “Rabobank”.
En relación a estafa a productores
Se imputó a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Colomba Bloschi; el delito de estafa en cinco hechos en carácter de coautores.
La maniobra atribuida era realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, siendo exitoso a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, quienes engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas.
Abusando de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa y de las relaciones comerciales que Vicentin supo construir a lo largo de décadas, se atribuyó haber llevado a cabo una política de captación de granos a través de la celebración de contratos bajo la modalidad “con precio a fijar” con las entidades agropecuarias Cuatro Hojas SA, Olzen Industria y Comercio de Calzados SA, Maniagro SA, La Clementina SA, Commodities SA, a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros. Dicha captación fue motivada por Vicentin mediante el ofrecimiento de mejores precios que la competencia y de plazos muy superiores para fijar precio.
En relación a créditos de Banco Macro
Se imputó a Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Colomba Boschi; el delito de estafa en carácter de coautores. Por su parte a González Arcelus y Omar Scarel, en carácter de partícipes necesarios.
Vicentin solicitó una asistencia crediticia, un acuerdo en cuenta corriente por la suma de 280 millones de pesos. Asimismo, en forma posterior, con fecha 30 de septiembre de 2019, nuevamente bajo la modalidad de acuerdo en cuenta corriente, solicitó otro crédito por la suma de 228 millones de pesos.
Es decir, Vicentin comenzó a operar la cuenta corriente, girando contra los acuerdos otorgados, por la suma total de 508 millones de pesos. A poco más de dos meses de la solicitud de los créditos, Vicentin declaró su estrés financiero y el 10 de febrero de 2020, a tan sólo cinco meses de tomar las asistencias crediticias en el Banco Macro, se presentó en concurso preventivo de acreedores.
A los fines de obtener las asistencias crediticias la empresa adjuntó los estados contables cerrados al 31 de octubre de 2018, que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica. Las maniobras de los directores de Vicentin era entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa, repitiendo nuevamente con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos, dada la real situación económica y financiera.
En relación a retención indebida de tributos
Se le imputó a Daniel Buyatti el delito de apropiación indebida de tributos, régimen penal tributario, en calidad de autor.
También se le atribuyó a Buyatti, en su carácter de presidente del directorio de Vicentin S.A.I.C y agente de retención/percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos, no haber depositado dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, y como correlato, haberse apropiado, del tributo retenido y/o percibido en concepto del mencionado impuesto, por los periodos de “Noviembre 2019-Quincena 22”, por la suma de 15.062.684 pesos, cuyo vencimiento operó el día 10 de diciembre de 2019; y “Diciembre 2019-Quincena 23”, por la suma de 18.821.205 pesos, cuyo vencimiento operó el 26 de diciembre del mismo año.