El jefe de Gabinete sumó un departamento en Caballito mientras crecen las dudas sobre la evolución de sus bienes y las inconsistencias entre su discurso público y los registros oficiales.
La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse la adquisición de un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito, una operación que no fue acompañada por la venta de su vivienda anterior en Parque Chacabuco y que, además, aún no figura en su última declaración jurada.
Según consta en registros oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble, el inmueble -ubicado sobre la calle Miró al 500- está a nombre del funcionario junto a su esposa, Bettina Angeletti. De esta manera, ambos aparecen como titulares de al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, a las que se suman otros bienes previamente declarados, como un departamento en La Plata.
La revelación adquiere relevancia no solo por la ampliación del patrimonio, sino por el momento en que ocurre: Adorni ya se mudó a la nueva vivienda, pero el inmueble no figura en su declaración patrimonial más reciente. Ante las consultas, el funcionario evitó dar precisiones y se limitó a afirmar: «Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida». Sin embargo, la explicación no logró disipar los interrogantes.
Los registros oficiales tampoco detallan cuándo fue realizada la compra, lo que alimenta las dudas sobre la evolución de sus bienes desde que asumió en diciembre de 2023. En aquel entonces, había declarado dos propiedades y activos financieros equivalentes a unos 20.000 a 25.000 dólares. El caso del departamento en Caballito no aparece aislado. Se suma a una serie de episodios recientes que pusieron bajo escrutinio la situación patrimonial del funcionario.
Entre ellos, el viaje a Punta del Este en avión privado -que derivó en denuncias judiciales- y la compra de una vivienda en un country por parte de su esposa, cuya financiación tampoco fue explicada públicamente. En ese contexto, Adorni insistió en que su patrimonio fue construido durante su paso por el sector privado: «A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder». No obstante, su negativa a brindar detalles adicionales y su reacción frente a las preguntas -«Sos apenas un periodista, no un juez»- profundizaron el clima de tensión y, obviamente, de opacidad a su alrededor.
Las inconsistencias no terminan allí. La vivienda adquirida por Angeletti en el country Indio Cua tampoco fue incluida en la declaración jurada de 2024, ni se aclaró si figura en el anexo reservado. A esto se suma otra propiedad a nombre de la esposa en Parque Avellaneda, así como un inmueble en el partido de Morón. El cuadro general expone una acumulación de bienes que contrasta con los ingresos declarados del funcionario -cuyo salario ronda los 3,5 millones de pesos mensuales- y abre interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones más recientes.
Pero el punto más sensible emerge en el plano político. La esposa de Adorni accedió en el pasado a un crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para adquirir una propiedad, el mismo organismo que el oficialismo busca eliminar bajo el argumento de su ineficiencia. La iniciativa, impulsada por dirigentes de La Libertad Avanza, sostiene que el IVC prioriza su estructura burocrática por sobre la resolución del problema habitacional. Sin embargo, el hecho de que la familia del jefe de Gabinete haya sido beneficiaria de ese sistema introduce una contradicción difícil de soslayar dentro del discurso oficial.
Lejos de aclarar la situación, la conferencia de prensa organizada por Adorni -con respaldo explícito del gabinete y el apoyo público de Karina Milei- dejó más preguntas que certezas. El funcionario evitó profundizar sobre sus bienes, se amparó en la existencia de causas judiciales en curso y dio por terminadas las consultas. Mientras tanto, la aparición de nuevas propiedades, la falta de actualización en las declaraciones juradas y las inconsistencias entre el discurso político y la situación personal configuran un escenario que erosiona la narrativa de transparencia que el propio Gobierno busca sostener.