Condenada a 20 años, pero sin sentencia firme, diversos organismos aseguran que la prisión preventiva es contraria al derecho.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, junto a otras funcionarias, visitaron a María Ovando en la Unidad Penal V de Posadas. Foto Télam
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, junto a otras funcionarias, visitaron a María Ovando en la Unidad Penal V de Posadas.
María Ovando tiene 48 años, 12 hijos y nietos. Es pobre y analfabeta. Nació en Colonia Mado, un pueblo rural de Misiones. Fue entregada de niña por su familia, abandonada, abusada y golpeada. Ninguno de sus hijos tiene un padre que los haya reconocido, María siempre estuvo sola para criarlos, sin comida, casa ni trabajo. El Estado no la ayudó, ni a ella ni a sus niños. María está en la cárcel, una vez más.
«La actual privación de la libertad de María va en contra de estándares constitucionales e internacionales en materia de derecho penal, derechos humanos y derechos de las mujeres», sostienen desde el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), que ya había presentado un amicus curiae ante la justicia de Misiones y ahora solicitó la excarcelación de Ovando, para que pueda esperar el proceso judicial en libertad; o al menos se le otorgue como medida alternativa, la prisión domiciliaria.
Ovando fue condenada en octubre del año pasado a veinte años de cárcel por el Tribunal Penal de Eldorado, que la encontró responsable de haber facilitado o consentido los abusos sexuales que sufrieron una de sus hijas y una nieta. En esa causa también fueron condenados por haber cometido los abusos Marcos Laurindo (18 años de prisión) y Lucas Ferreira (12 años).
Ante reclamos de diversos organismos de derechos humanos y feministas Ovando había sido liberada el 23 de febrero, mediante un habeas corpus de sus defensores. Pero en marzo tuvo que volver a la cárcel.
Perspectiva de género
«El pedido su funda en varios motivos -explican desde el Ministerio de Mujeres-. Por un lado, no hay sentencia firme. La prisión preventiva es una medida excepcional y en este caso no se cumplen los requisitos para sostener la prisión preventiva, porque no hay ningún indicio de que María pueda entorpecer el proceso judicial o fugarse. Maria Ovando siempre estuvo a derecho».
«María está en delicado estado de salud que se viene agravando a causa del encierro, donde no están dadas las condiciones para que reciba un tratamiento adecuado -dicen-. María se encuentra a más de 200 kilómetros de su casa, alejada de su familia. Lo que es una barrera para que María pueda estar acompañada, recibir visitas y tratamiento médico».
«Además, la presentación recuerda al Poder Judicial la obligación de valorar la prueba y analizar el caso con perspectiva de género en función de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino. Esto implica considerar la historia de vulneraciones que sufrió María desde su infancia y a lo largo de su vida -agregan-. La vida de María evidencia alarmantes niveles de exclusión y marginalidad».
Estado ausente
A María Ramona Ovando le pegaban, su mamá y su papá. La adoptó otro matrimonio, que le siguió pegando hasta que la devolvió. A los 13 años se la entregaron a un tipo mayor, que además de pegarle, la abusaba y violaba. Nueve hijos tuvo de él María. Y él no reconoció a ninguno. No les dio su apellido pero sí palazos, muchos. A María le pegaba con cadenas y fierros. Hubo otro hombre, igual de violento, tres hijos más.
En marzo de 2011, una de sus hijas, la de 3 años, murió en medio de la ruta mientras María la llevaba a upa, caminando, a un hospital. María cavó un pozo con sus manos y la puso bajo la tierra, como se hace con los muertos. El Estado, que ni siquiera le había dado documentos a sus hijos, enseguida la condenó por homicidio. Los chicos casi no comían ni tenían ropa. María recibía vales de comida a cambio de picar piedras en la cantera. Tenía que dejarlos solos, incluso embarazada tenía que ir a picar bajo el sol. A María la encerraron y una jueza repartió a sus niños por distintas casas.
Presionado por movimientos de mujeres y de derechos humanos, el Poder Judicial de Misiones absolvió a María por la muerte de su hija desnutrida, pero no la perdonó. Y la volvió a juzgar y encarcelar.
«La juzgan por mala madre»
«Cuando entré al ministerio y vi el caso de María me puse a estudiar el expediente y el 13 de diciembre presentamos el amicus curiae pidiendo la excarcelación y que sea juzgada con perspectiva de género. Quería conocerla, ponerle el cuerpo, que ella sienta el respaldo de un ministerio nacional, que no está sola», dice a Clarín Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres Géneros y Diversidad, que visitó a Ovando en el penal.
«La vi muy fuerte, aunque se quebró por momentos. Está un poco triste porque le gustaría ver a su familia. Es un caso complejo y es un encarnizamiento del Poder Judicial contra una a mujer pobre que no pudo cumplir con su mandato de maternidad, hay ensañamiento patriarcal -asegura la ministra-. Ella no sabe leer ni escribir, fue víctima de múltiples maltratos y abusos en su infancia, carga con una historia de muchas vulneraciones y ausencias y el Poder Judicial la juzga dos veces por mala madre».
«Ojalá que el Poder Judicial pueda darle la excarcelación o la prisión domiciliaria. Es un caso que va contra todos los derechos humanos. Ella tiene que esperar el proceso judicial en su casa, porque no hay sentencia firme y está a 200 kilómetros de su casa, no puede recibir visitas ni tratamientos médicos adecuados. La abracé y le dije en la cara que no está sola», concluye Mazzina.
Días atrás, Gabriela Carpineti, directora de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se reunió también con María Ovando en el penal tras presentar ante el Tribunal Penal de Eldorado un nuevo recurso para que se le conceda el arresto domiciliario que el juez Correccional y de Menores 2 de Posadas, César Raúl Jiménez, había determinado tras el habeas corpus presentado por los abogados defensores.
«Hay mujeres que son acusadas de malas madres cuando el Estado no ha hecho nada para contenerlas», dijo hace poco Enrique Stola, el médico psiquiatra de la Red de Psiquiatras Feministas que estuvo en Misiones para hacer una evaluación psiquiátrica en el causa de María Ovando».