Planes sociales a empleo formal en Chaco: apuntan a beneficiar a unas 10 mil personas por año

Pía Chiacchio Cavana se refirió a la política de conversión de planes sociales a empleo formal. “No hablamos de algo que sea inmediato o mágico porque implica generar puestos de empleo”, afirmó aunque añadió que hay sectores con mucha demanda.

El pasado 19 de octubre el presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para convertir los planes sociales en empleo formal. En Chaco, la población que se verá beneficiada por esta medida es de unas 30.000 personas.

En detalle, en Chaco se apunta a aplicar la medida de reconversión para quienes son beneficiarios de dos planes sociales: Renta Mínima Progresiva, que es una herramiento provincial; y Potenciar Trabajo, un plan nacional.

El Ministerio de Desarrollo Social como ente encargado de la asistencia social será a la vez el que lleve adelante esta política de reconversión. En ese sentido, la ministra Pía Chiacchio Cavana dialogó con Diario Chaco sobre la situación.

“Lo que se busca con estos dos programas sociales es poder otorgar un ingreso mensual a personas que está acredita que está en una situación de informalidad laboral o que no tienen recursos económicos mensuales superiores al salario mínimo vital y móvil”, indicó la jefa de la cartera social y añadió que “ambos planes son compatibles con el empleo”.

En ese sentido, marcó que la vinculación con el sector privado “va a permitir a partir del decreto del presidente que un comerciante, un restaurante, un gastronómico, una pyme o una pequeña empresa tome a una persona que tiene un plan o programa social durante un tiempo determinado, de manera que esto es un subsidio al empleo”.

“Del salario total que la patronal debe cubrir, va a cubrir ese salario total restándole el monto de Potenciar Trabajo, lo que permite alivianar la carga del sector privado en términos de salarios, aportes, etcétera”, agregó.

Chiacchio Cavana de igual manera fue cauta en lo que respecta a la velocidad de la aplicación y manifestó que “no hablamos de algo que sea inmediato o mágico porque implica generar puestos de empleo, con lo cual es un trabajo progresivo, permanente y constante que tiene diferentes aristas. Hay muchas personas que tiene un plan social y están finalizando sus estudios, otras que finalizaron y hoy son emprendedores, o que forman parte de una cooperativa”.

Así las cosas, señaló tres que “el camino es al autoempleo, es decir el trabajo autogestivo como trabajadores independientes, el trabajo asociativo a través de cooperativas, y las alianzas con el sector privado”, señaló.

Sobre el trabajo autogestivo sumó que “implica que las personas que tienen un plan social pueden acceder a herramientas, maquinarias, insumos de trabajo o créditos no bancarios. La gran mayoría de ellos ya han tenido un proceso de capacitación. En esto trabajamos la informalidad laboral, buscamos que ellos tengan estas herramientas/maquinarias y que al mismo tiempo puedan darse el alta en el monotributo social o en el monotributo categoría A o B que son compatibles con programas sociales, pero que al mismo tiempo son aportantes del sistema de seguridad social”.

“Hemos trabajado en el otorgamiento de 6.700 herramientas, maquinarias e insumos de trabajo a través de nuestro plan emprendemos todos. Casi 900 proyectos productivos se han financiado en este tiempo a través de asociaciones, fundaciones y cooperativas. Al mismo tiempo el plan de obras que el gobernador está llevando a cabo parte de eso lo ejecutan cooperativas de trabajo”, expresó.

EXPECTATIVAS

“Las expectativas son mucho más positivas por el siguiente motivo: el decreto del presidente permite dar seguridad jurídica a quien contrata a una persona que contrata a una persona que tiene un plan o programa social”, dijo la ministra sobre la conversión.

Chiaccio Cavana señaló que “la vinculación se venía dando, pero se venía gestando a pequeña escala. Había por mes 40 o 50 personas que comenzaban a trabajar en un kiosco, comercio, local de ropa, ahora con este decreto vamos a poder ampliarlo por la seguridad jurídica que da en términos de que está claro que esa es una parte del salario que la persona no va a poder reclamar al empleador. Hay una cuestión de carácter laboral en el medio en donde se necesita que quien toma a este trabajador, posteriormente no esté expuesto a un reclamo laboral de poder cubrir esta parte del salario”.

“30.000 personas es la población objetivo de aquí al 2023. Entre 8.000 a 10.000 es el objetivo de manera anual, hemos logrado parte de esa meta el año pasado”, agregó.

Manifestó que “el decreto es muy reciente tiene dos semanas aproximadamente de manera que todavía estamos terminando de delinear el sistema a través del cual vamos a comenzar a hacer esta vinculación”.