El caso de Y. F., la adolescente de 13 años que había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Presidencia de la Plaza, dio un giro inesperado tras su hallazgo. La menor fue encontrada sana y salva durante el fin de semana, pero en las primeras horas de este lunes se produjo la detención de su tutora legal, una mujer de 42 años sospechada de promover su explotación.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía N° 15, a cargo de la doctora Candela Valdez, que ordenó un allanamiento en la vivienda de la Quinta 76, donde residía la menor bajo la guarda de la mujer. Durante el operativo se secuestraron elementos de interés que reforzaron la hipótesis de la investigación.
Vecinos de la zona habían declarado que la mujer manipulaba a la adolescente para que mantuviera relaciones con hombres adultos a cambio de bienes, regalos o mercaderías. Estos testimonios orientaron la pesquisa hacia un posible delito de trata de personas y explotación sexual.
La jueza de Garantías N° 2, doctora Liliana Puppo, autorizó la medida judicial. El allanamiento fue ejecutado por el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas, con la presencia del ayudante fiscal Víctor Krummer y autoridades policiales de alto rango.
La causa quedó caratulada como supuesto delito de promoción y/o facilitación de la prostitución, una figura que contempla severas penas y que será investigada en detalle en los próximos días. La sospechosa fue trasladada y puesta a disposición de la Justicia.
En paralelo, la detención de un joven de 19 años identificado como R.A.S., pareja de la menor, ya había abierto nuevas líneas de investigación. El muchacho fue aprehendido tras detectarse un video en redes sociales donde aparecía junto a la adolescente en la madrugada del 21 de agosto, siendo la última imagen conocida de ella antes de ser hallada.
La desaparición de la menor había movilizado a toda la comunidad de Presidencia de la Plaza desde el 20 de agosto. Su búsqueda activó el protocolo establecido por la Ley N° 1703/18, que derivó en rastrillajes, análisis de cámaras de seguridad y un amplio despliegue policial con la colaboración de diferentes organismos.
Los investigadores no descartan que existan más personas involucradas en la red de explotación y anticipan nuevas imputaciones. Mientras tanto, la víctima permanece bajo asistencia médica, acompañamiento psicológico y contención social, mientras se definen medidas de protección para garantizar su integridad.
El caso continúa en etapa de instrucción y bajo secreto de sumario, pero ya encendió las alarmas en la región por la gravedad de los hechos denunciados y la vulnerabilidad de la adolescente involucrada.