La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña dictó una resolución que prohíbe al excomisario de Taco Pozo, Daniel Augusto Melchiori, desempeñarse en funciones o cargos policiales en los departamentos Almirante Brown, General Güemes y Maipú. La medida quedó a cargo del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía del Chaco, que deberán garantizar su cumplimiento.
La decisión judicial se adoptó tras un habeas corpus colectivo presentado por la asociación civil Todo Por Todos, a raíz de los hechos ocurridos el 17 de agosto en Taco Pozo. En esa ocasión, integrantes de la organización denunciaron detenciones arbitrarias y violaciones a derechos fundamentales como la integridad física y psíquica, la dignidad, la libertad de reunión y de expresión, la protesta pacífica y el acceso a la justicia.
El tribunal, encabezado por el juez Rodolfo Gustavo Lineras, destacó que en la localidad persiste un patrón de violencia institucional, favorecido por la falta de control judicial y de investigaciones serias sobre denuncias de violaciones a derechos humanos, lo que genera un estado de desprotección e inseguridad jurídica, especialmente sobre los sectores más vulnerables.
Además de la prohibición para Melchiori, el fallo ordena:
- La realización de un curso de Derechos Humanos para el personal policial, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
- La profundización de investigaciones administrativas y sanciones sobre la conducta del excomisario, en caso de corresponder.
- La intervención de la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos para investigar los hechos denunciados, así como posibles delitos de desobediencia judicial, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionario público.
- Que el intendente de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibañez, realice un acto público de pedido de disculpas a los miembros de Todo Por Todos como medida simbólica de reparación.
La serie de medidas busca limitar la actuación de Melchiori en zonas sensibles y reforzar los controles institucionales sobre la fuerza policial, promoviendo un marco de mayor seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos en la región.