La diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia vial en el puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes. La iniciativa busca atender el grave deterioro estructural del viaducto, afectado por el excesivo tránsito de vehículos pesados y la falta de mantenimiento integral.
Inaugurado en 1973, el puente —de más de 1.700 metros de extensión— soporta un flujo diario estimado entre 24.000 y 27.000 vehículos, entre ellos una gran cantidad de camiones de carga. Este tránsito constante habría acelerado el desgaste de la estructura, generando preocupación entre especialistas y autoridades locales.
🔹 “No puede seguir dependiendo de parches temporales”
Brambilla subrayó que la iniciativa “no responde a intereses políticos, sino a una necesidad urgente y evidente”, y advirtió que el puente “no puede seguir dependiendo de parches temporales”.
La legisladora recordó el choque múltiple del 19 de septiembre de 2025, que dejó al descubierto las deficiencias en el mantenimiento y la peligrosidad de las condiciones actuales del viaducto. Entre los principales problemas mencionó las roturas en las juntas de dilatación, la falta de señalización adecuada y las frecuentes congestiones que afectan la circulación.
🔹 Medidas concretas y control de cargas
El proyecto propone la realización de un diagnóstico estructural completo y la reparación integral de la infraestructura, así como la implementación de controles más estrictos sobre las cargas pesadas que cruzan el puente.
Además, contempla mejoras en la seguridad vial, como la nueva señalización, la modernización del sistema de iluminación y la instalación de dispositivos de control electrónico para monitorear el tránsito.
🔹 Impulso al segundo puente Chaco-Corrientes
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es la aceleración de la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes, una obra considerada estratégica para el desarrollo regional.
Aunque el proyecto cuenta con financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su ejecución se encuentra retrasada por cuestiones administrativas. Brambilla insistió en que “la puesta en marcha de un nuevo viaducto es la única alternativa real para aliviar la congestión y evitar un colapso estructural del actual puente”.
El texto legislativo designa a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) como autoridad de aplicación y prevé que los fondos provengan del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte.
De aprobarse, la medida marcaría un paso clave hacia la preservación de una de las obras más emblemáticas y transitadas del Nordeste argentino, vital para la conexión económica, social y logística entre ambas provincias.