Una medida tomada por la dirigencia actual impidió el accionar de la policía, este podría haber evitado la catástrofe en el Libertadores de América.
Tras los incidentes ocurridos en el playón del estadio en el 2023, la dirigencia de Independiente de Avellaneda resolvió impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad a la cancha para reprimir disturbios.
El detonante fue el reclamo de los hinchas del “Rojo” luego de la derrota 2-0 con Boca, que terminó con un accionar policial desmedido: gases lacrimógenos y balas de goma contra los simpatizantes. La represión generó un fuerte repudio y profundizó el malestar por la crisis deportiva que atraviesa el club.
En respuesta, el presidente Néstor Grindetti y su comisión directiva decidieron implementar un esquema alternativo, basado en la contratación de seguridad privada. Según lo informado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), el operativo contemplaba la participación de 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 150 agentes de seguridad privada de la empresa UP Seguridad, 330 trabajadores de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), siete ambulancias —dos en el campo de juego y cinco para emergencias generales—, quince grupos de socorristas y una comisaría móvil en el estadio.
A falta de una comunicación oficial, la continuidad de ambos clubes en los torneos organizados por la CONMEBOL se encuentra en riesgo. El organismo continental evalúa sanciones ejemplares para evitar que hechos similares empañen la competencia.
Más allá de las medidas coyunturales, la situación plantea un debate de fondo: cómo garantizar la seguridad en los estadios sin que el espectáculo deportivo quede condicionado por la violencia de los grupos organizados. La dirigencia del fútbol argentino y sudamericano enfrenta, una vez más, la necesidad de repensar sus políticas de prevención y control para recuperar la confianza de los hinchas comunes.