Familiares, ex detenidos y organismos de DDHH convocaron a una marcha este lunes para visibilizar la crisis carcelaria y pedir justicia por las víctimas.
La muerte de las cuatro presas que estaban alojadas en una celda de la Brigada Femenina de Concepción de Tucumán el viernes cuando se desató un incendio dejó al descubierto una serie de irregularidades y puso la atención sobre las condiciones de reclusión en las que se encontraban las víctimas.
Macarena Maylen Salinas fue la que inició temprano la protesta y provocó accidentalmente la tragedia en la que ella misma murió, así como otras tres compañeras de encierro. En su caso, cumplía desde marzo una condena a seis años y ocho meses de prisión por robo agravado pero, al no haber cupo en la cárcel de Mujeres, seguía alojada en la Brigada.
Salinas tenía 25 años y una hija de cinco, y sufría de severos problemas por su adicción a las drogas. Junto con ella murieron también Yanet Yaqueline Santillán, que estaba acusada de maltrato infantil y las condenadas por robo Micaela Rocío Mendoza (a 5 años) y María José Saravia (sentenciada a tres años en la capital).
Minutos después de las 17, en medio del reclamo de las detenidas para que las trasladaran a la cárcel de mujeres, se produjo el corto circuito y empezaron las escenas de terror. El humo avanzó primero cubriendo de tensión el aire y las llamas después fueron arrasando con todo a su paso. Desde afuera, los vecinos de la cuadra empezaron a escuchar los gritos desgarradores que salían del edificio policial y alertaban a los Bomberos. Adentro, las detenidas intentaron sacar la ropa y los colchones pero el fuego les ganó.
Para cuando el incendio estuvo controlado, solo una de las cinco mujeres alojadas en la Brigada había podido sobrevivir. Era la única de las cinco, también, que había sido encerrada sola en una celda, separada del resto. Las otras cuatro mujeres murieron abrazadas antes de que los efectivos entraran a rescatarlas.
“Más allá de lo que digan las pericias, ya se inició una investigación administrativa para establecer lo sucedido”, dijo a los medios el ministro de Seguridad Claudio Maley, que espera los resultados definitivos para conocer qué fue lo que ocurrió. En principio, se sabe que la crisis carcelaria obligó a inclumplir la prohibición de mantener en comisarías a las personas procesadas y condenadas acordada por la Corte Suprema de Justicia.
En tanto, el mismo viernes por la noche, las familias de las detenidas se manifestaron frente a la Brigada y cortaron la calle para protestar porque, según expresaron, el fiscal Miguel Varela no las recibió, ni les brindó información sobre el estado de la causa. “María José (Saravia) tenía que estar en la cárcel de Concepción, pero estaba en la Brigada (…) Eran chicas que estaban cumpliendo condena, pero seres humanos, personas con derechos”, se lamentó una tía de la víctima, en diálogo con La Gaceta Play.
En el mismo sentido se expresó El Colectivo Nacional de detenidos/as a través de un comunicado que difundieron en Facebook, en el que además convocaron a una marcha para este lunes. “La situación se ve cada vez mas desbordada por la omisión de las autoridades políticas que se olvidan que los que están detenidos siguen siendo personas”, remarcaron.