La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento de los imputados en la causa conocida como Megamundo, donde se investigaba una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y evasión impositiva. El fallo, dictado por los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, benefició a Cristino Villalba, Pablo Villalba, Cristian Villalba, Noelia Villalba y Esteban Ismael Delmastro, dejando firme su desvinculación del expediente judicial.
Los magistrados rechazaron el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal federal Patricio Sabadini. En su resolución, los jueces consideraron que el planteo del fiscal no logró demostrar errores de razonamiento ni arbitrariedades en la decisión previa de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
“El recurso presentado carece de una crítica concreta y razonada sobre los argumentos de la resolución impugnada”, sostuvieron los jueces, agregando que la presentación del fiscal evidenciaba simplemente “una opinión diversa” que no era suficiente para revertir la decisión judicial anterior.
En consecuencia, el tribunal concluyó que la investigación ya se encuentra agotada, por lo que resolvió dejar sin efecto todas las medidas cautelares y cerrar definitivamente la causa.
El caso
La investigación se había iniciado en 2019 con múltiples allanamientos en diferentes sucursales del comercio Megamundo $2, acusados de integrar una red de evasión y contrabando que operaba desde 2009 en Buenos Aires, Chaco y Formosa.
En junio de ese año, se llevaron a cabo inspecciones simultáneas que incluyeron depósitos del negocio. En la última intervención, las autoridades encontraron miles de artículos de cotillón que, según la hipótesis fiscal, ingresaron al país de manera ilegal y representaban un valor de $648.238 (a precios de 2019). También se secuestraron diversos productos valuados en $1.429.962, todos sin respaldo documental ni facturas legales.
A pesar de estos hallazgos, la Justicia entendió que no había elementos suficientes para probar la existencia del delito de lavado de activos ni la operatoria de una asociación ilícita con fines de evasión, cerrando así una de las causas más resonantes en materia económica de los últimos años en el norte argentino.