El proyecto, adelantado por Javier Milei en la Asamblea Legislativa, también prevé la expulsión de quienes incurran en delitos.
El Gobierno nacional impulsa una reforma en la normativa migratoria y espera que el Congreso la sancione antes de finalizar el 2025. El presidente Javier Milei destacó esta iniciativa dentro del paquete de reformas que presentó al inaugurar el 143° período de sesiones ordinarias.
Entre los ejes centrales de la propuesta figuran el establecimiento de tarifas para los extranjeros no residentes en el acceso a salud y educación, una agilización en la expulsión de aquellos implicados en delitos, mayores exigencias para la radicación en el país y un refuerzo en los controles de frontera.
“Fue un requerimiento que recibió el ministro Cúneo Libarona y se está trabajando a buen ritmo para concretarlo”, indicaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, encargado de la redacción del nuevo articulado. La legislación vigente, la Ley de Migraciones 25.871, fue reformada en 2010 mediante el decreto 616 bajo el gobierno de Cristina Kirchner.
En su intervención en el Congreso el sábado por la noche, en el segmento dedicado a la Justicia y en medio de un intercambio con el diputado de Democracia por Siempre, Facundo Manes, Milei afirmó: “Si aspiramos a ser un país serio, debemos avanzar en una reforma migratoria”.
“Nuestra patria ha sido hospitalaria con los inmigrantes, pero distinto es que nuestros vecinos se aprovechen de nuestra generosidad o que el país sea un centro de prestaciones financiado por los argentinos. Queremos que quienes se encuentren en Argentina de manera temporal o transitoria paguen por los servicios que consumen”, argumentó.
Este aspecto de la reforma sigue la línea de políticas ya implementadas en varias provincias a lo largo de 2024. Jurisdicciones como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy establecieron el cobro de la atención médica en casos de internaciones y tratamientos especializados, lo que redujo el fenómeno de los denominados “tours sanitarios”.
En Salta, según informaron autoridades locales, la medida permitió un ahorro estatal de aproximadamente $60 millones en un solo hospital, cifra que representa casi la mitad del presupuesto total del hospital de Santa Victoria Este.