En el marco de un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes de la División Unidad Operativa Federal La Rioja de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un procedimiento en dicha provincia, en el que fueron rescatadas varias personas víctimas de trata y sometidas a servidumbre.
La causa se inició a partir de la denuncia efectuada por el familiar de una de las damnificadas que se encontraba trabajando en la modalidad golondrina, en estado de extrema precariedad y sin recursos económicos para sustentar su alimentación.
A partir de esto y por órdenes emanadas por el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, los funcionarios federales efectuaron numerosas tareas de campo que permitieron corroborar que, en efecto, se estaban realizando dichas actividades delictivas en tres domicilios.
Con el total de las pruebas aportadas, la judicatura actuante ordenó el allanamiento de las viviendas en cuestión, ubicadas en la localidad de Vichigasta.
Durante esas mandas judiciales, los federales lograron rescatar 21 personas, las cuales se encontraban en condiciones de precariedad extrema, sin agua potable ni ventilación.
De acuerdo a lo indagado, las víctimas eran oriundas de la provincia de Santiago del Estero y realizaban tareas en la cosecha de olivos, las cuales no habían sido remuneradas conforme lo pactado con la contratista, quien además retenía sus documentos de identidad.
Como resultado de los procedimientos, también se notificó de la causa a la imputada, una mujer argentina de 23 años. Asimismo, se secuestraron 100 mil pesos, un celular, documentos de identidad a nombre de los rescatados, un DVR, cuadernos con anotaciones varias y elementos de interés para la causa.
Por último, se efectuaron las comunicaciones pertinentes con el Ministerio de Trabajo de la provincia de La Rioja, cuyo personal envió los móviles necesarios para el traslado de los rescatados a la ciudad capital.
Las personas liberadas, la mujer notificada y los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Trata de Personas.