El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó el decomiso de más de 50 propiedades y alrededor de 4 millones de dólares pertenecientes al empresario Lázaro Báez y su hijo Martín, en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Entre los bienes afectados se encuentran departamentos, casas, lotes, cocheras y quintas distribuidas tanto en Argentina como en el exterior. Además, se dispuso el remate de estos inmuebles y la transferencia de fondos que Báez tenía en cuentas en bancos de Bahamas y Suiza.
El fallo también incluyó la incautación de más de 3 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria en Bahamas, vinculada a la sociedad Eastern Shoreline Limited, y aproximadamente 1 millón de dólares en otro banco del mismo país. Por otra parte, se ordenó la transferencia inmediata de cerca de 900 mil dólares que estaban en una cuenta en el Banco Lombard Odier de Suiza, perteneciente a la sociedad Tyndall Inc. Limitada, junto con las ganancias por intereses.
El tribunal estableció, además, la inscripción a nombre de la Corte Suprema de Justicia de 56 propiedades y el remate de dos aviones, cuyos fondos también serán transferidos a la Justicia.
Esta medida se suma al embargo por 320 millones de pesos ya impuesto, equivalente a seis veces el monto que, según la causa, habría lavado Báez mediante maniobras ilícitas.
La defensa de Báez denuncia errores en la resolución
Los abogados de Lázaro Báez presentaron un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°4 en el que advierten un “serio error” en la resolución, señalando que se confundió una multa con un decomiso y que se ordenó avanzar sobre bienes que no pertenecen al empresario. También cuestionaron la fecha del fallo y anunciaron que recurrirán la medida, argumentando que la transferencia directa de bienes a la Corte Suprema podría tener graves consecuencias patrimoniales.
El caso “Ruta del dinero K”
La causa se inició en 2013 luego de un informe periodístico que denunció maniobras de lavado de dinero por parte de Báez, amigo del expresidente Néstor Kirchner y proveedor de obras públicas en Santa Cruz. Se investiga la salida de más de 55 millones de dólares hacia cuentas en Suiza mediante un entramado financiero.
En 2016, la causa se reactivó con la difusión de un video que mostraba al hijo de Báez contando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
El juez Casanello ordenó detenciones y determinó la existencia de una organización criminal que, entre 2010 y 2013, realizó operaciones para lavar cerca de 55 millones de dólares a través de Austral Construcciones y la financiera SGI. Parte del dinero se ingresaba y retiraba del país simulando inversiones legales.
Entre los hechos investigados también figuran compras de propiedades, gastos personales y adquisiciones de autos de lujo vinculados a Báez y sus socios.
En mayo de este año, la Corte Suprema confirmó la condena contra Báez tras rechazar los recursos de sus defensas.
Este nuevo fallo ratifica el avance judicial sobre el patrimonio del empresario en el marco de una causa emblemática contra el lavado de dinero en la Argentina.