Efectivos de la Unidad de Reunión de Información “Chaco”, en conjunto con personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “El Dorado” y “Villa María”, llevaron a cabo tareas investigativas relacionadas al presunto contrabando de granos que provenía de la provincia del Chaco y se dirigía a Misiones. En el operativo intervino Gendarmería Nacional y la Fiscalía Federal de Resistencia como encargadas de la investigación preliminar, con el acompañamiento del Juzgado Federal a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger. Ei fiscal federal Patricio Sabadini dio detalles y resaltó el daño al Estado generado por este delito.
El cargamento era destinado a las localidades de San Vicente y El Soberbio, en Misiones, para su posterior traslado en embarcación hacia la República Federativa de Brasil.
Los gendarmes avanzaron con las pesquisas, logrando determinar el ingreso de camiones, por la ruta nacional N° 16 (puente Chaco-Corrientes), cuyos conductores transportaban cargas de soja con documentación apócrifa hacia la provincia de Misiones. Además, se pudo establecer que contaban con dos camionetas que oficiaban de “punteros”, alertando sobre posibles controles.
Ante estos hechos, el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia dispuso 15 allanamientos en depósitos, galpones, complejo de cabañas e inmuebles; ubicados en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Córdoba.
En el marco del mencionado megaoperativo que se gestó en la provincia, se dialogó con el fiscal federal a cargo, Patricio Sabadini, quien sobre ello manifestó: «El hecho de que se haya gestado en el Chaco u otra provincia no incide en la cuestión, máxime si estamos hablando de provincias donde la actividad agrícola es moneda corriente. Lo que se debe tener en cuenta es la fidelidad tque es sacar la soja del país para poder liquidársela en otro país -ya sea Brasil o Paraguay- donde el escenario fiscal, sobre todo en cuanto a retenciones, es mucho más ventajoso para aquellas personas que producen este tipo de granos -de comodity-«.
«Por eso decimos -continuó el fiscal- que el derecho penal es selectivo, porque selecciona aquellas conductas criminales que son más fáciles de ser absorbidas por el sistema, como es el caso de los robos, los hurtos o de la delincuencia convencional u homicidio, que no tienen -explicó- la complejidad en cuanto al modus operandi ni los recursos que tienen para evitar ser detectados como los tiene la criminalidad de cuello o de guantes blancos».
Daño al Estado
Consultado sobre el daño que le genera al Estado, Sabadini lo catalogó de ser «relevante». La tonelada de esta soja, según indicó, ronda los 530/550 dólares que, multiplicados por 300 (la cantidad secuestrada) da un total de 130 millones de pesos. Ante ello, consideró: «Estamos hablando de una suma que no le permite al Estado recaudar para fines de utilidad social. Es una situación bastante catastrófica en cuanto a la consecución de dólares».
Origen de la causa
Respecto del inicio de la investigación, el fiscal afirmó que la causa se originó por un dato arrojado producto de la investigación efectuada por Gendarmería Nacional, concretamente la Unidad de Reunión de Información (URI). En virtud de ello han solicitado medidas, las cuales fueron llevadas a cabo por la Fiscalía bajo el control del Juzgado Federal Nº 1. «Demoró ocho meses en detectar la salida de dichos camiones (7 en total)», aseguró el fiscal Federal.
Robo de «guante blanco»
Los delitos de este tipo, a diferencia de los delitos convencionales (ya mencionados), tienen su complejidad, tal lo explicó , no solamente en cuanto a la modalidad de investigación, sino «en lo difícil que es, que caiga en las redes de control de las Fuerzas de Seguridad a diferencia de los delitos convencionales; sino también en la logística y el gran poderío económico que refiere esta clase de delincuencia económica, ya sea en el uso de contadores, de abogados, en la configuración de empresas fantasmas para llevar a cabo estas maniobras, así como también en la adulteración de información de datos para eludir o evadir el tributo».
Y profundizó: «Por lo general, es una criminalidad que cuenta con contadores, abogados, algo que dista de la terminalidad convencional, es llevada a cabo generalmente por un sector vulnerable desde la sociedad con escasos recursos para tener esta clase de asistencia al menos en lo jurídico».
Modus operandi
Respecto a los imputados, el fiscal prefirió ser cauteloso pero sí contó sobre el modus operandi: «El traslado del comodity -soja- en camiones con guías de portes truchas o guías que están habilitadas pero canceladas a último momento. Estas eran trasladadas al paraje El Soberbio (localidad turística de Misiones, uno de los famosos Saltos del Moconá), almacenadas en galpones precarios para luego ser ingresadas al país vecino, o cruzadas a través de balsas o embarcaciones de menor porte».
Cómo sigue la investigación
Respecto de la continuidad de la causa, el fiscal mencionó que resta -ahora- analizar los documentos y elementos obtenidos en los procedimientos; revaluar que imputación se le puede efectuar «ya sea a los titulares de las empresas como a su vez, a los camioneros y solicitar que la jueza los indague».
Si bien transportar este tipo de comodities (granos de trigo, de soja, etc.) no tiene carácter ilegal -siempre y cuando sea con la guía de porte legítima- sí lo es sacarlas del país para poder evadir controles aduaneros y no tributar y, sobre todo, si hay cercanía con la frontera . Además del peso (carga) que pueden tener los camiones -normativamente la tolerancia es de 30 toneladas- algo que también se corrompió en la mencionada causa al estar «súper cargados estos camiones con el doble», afirmó Sabadini.
Sobre este punto y ante la consulta de cómo puede un operativo de este calibre “pasar desapercibido”, el fiscal sentenció: «Sorprende que haya atravesado todos los controles -ya sea de Gendarmería u otros sistemas de control de balance de control u otras fuerzas- y sorprende que haya pasado desapercibido. Esto recién comienza y estamos atentos a cualquier hipótesis».
Evasión fiscal y «las famosas leyes de blanqueo»
«Veo una histeria en cuanto a este delito», sostuvo Sabadini y marcó que «el sistema político criminal de perseguir evasores, así como también contrabandistas» se contrapone al mismo tiempo porque «el mismo Estado genera un sistema legal que les posibilita a los evasores, es decir, aquellas personas que no responden con el pago de tributos, con la posibilidad de regularizar su situación y que así se extinga la posibilidad de ser perseguidos penalmente, que son las famosas leyes de blanqueo que no admiten ideología alguna, la han efectuado gobiernos si se quiere de derecha tanto de izquierda», y concluyó: «Esa es la histeria, contradicción o cinismo estatal que uno puede verificar en las líneas político-criminales del Estado».
Como consecuencia, reiteró: «Producen un gran daño al Estado al no permitirle recaudar o tributar aquellas mercaderías que no son ingresadas de modo legal sino de modo clandestino como aquellos delitos, como el caso de la evasión, cuya conducta criminal es impedir al Estado recaudar cuando uno -mediante ardido engaño- por ejemplo, no cumple con los deberes tributarios».
Respecto al delito que configura dentro de lo mediáticamente llamado «crímenes organizados», Sabadini señaló: «El delito llevado a cabo trasciende las fronteras y se le otorga un carácter interjurisdiccional. Estos delitos, por ejemplo de contrabando -atado a una cuestión que es la evasión tributaria que son dos cosas diferentes- en este caso «per se» (por su naturaleza) tiene la característica de que si bien no existe una banda -por el momento- veremos los trámites que se llevan a cabo durante la investigación».
A su vez, aseveró: «No descartamos que exista otro grupo de personas que sean extranjeros -que estén del otro lado de la frontera ya sea en Paraguay o Brasil- encargados de introducir este commodity en el mercado legal, ya sea liquidándolos en alguna junta de granos o similar en países vecinos».
Por otra parte, según otras fuentes vinculadas a la investigación, algo que llamó su atención es la cantidad de cancelaciones de cartas de porte que hubo la localidad, teniendo en cuenta que El Soberbio es un lugar poco usual para esta clase de procedimientos de transporte de soja (que hay en la zona) y también, la imposibilidad de -judicialmente- materializar esta situación en la jurisdicción Federal de Misiones.