Los legisladores y legisladoras que integran la comisión presidida por el oficialista neuquino Oscar Parrilli fueron citados desde las 16. La iniciativa que modifica varios artículos del Código Procesal Penal de la Nación, el Código Procesal Penal Federal y la ley de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres lleva la firma de la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti. El artículo 1 del proyecto establece que es causal de recusación para el magistrado que «manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género». Los fundamentos del proyecto parecen darles la razón a las sospechas de jueces y legisladores de la oposición. «Los que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones», sostiene Fernández Sagasti. «El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio», señala en sus fundamentos el proyecto de ley.
