Andión, quien fue detenido el 2 de octubre de 2024 junto a María Laura Moreno, ex funcionaria del Ministerio de Infraestructura, enfrenta acusaciones de «fraude en contra de la administración pública» y «violación de los deberes de funcionario público». La investigación se centra en el presunto desvío de fondos públicos destinados a convenios con organizaciones sociales.
El Dr. Molero expresó su confianza en la inocencia de su cliente y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas hasta el momento. «Llama la atención, por ejemplo, que quienes eran encargados de fiscalizar el avance de obra que se cuestiona, fijar los porcentajes, diciendo los porcentajes no fueron totales», señaló el abogado, agregando que uno de los testigos, «un estudiante de arquitectura», admitió que el avance de obra se controlaba «a la vista».
La defensa ha criticado la decisión de mantener a Andión en detención, argumentando que se ha «desnaturalizado la situación en cuanto al derecho de defensa de una persona que pudiendo estar en libertad está privada de su libertad». El Dr. Molero anticipó que la declaración de mañana será «la primera de seguramente varias, o por qué no, muchas expresiones, manifestaciones, explicaciones» que Andión proporcionará para aclarar su gestión al frente del IAFEP.
Por su parte, la Fiscalía, compuesta por Graciela Griffith Barreto, Francisco Asís De Obaldía Eyseric y Víctor Recio, continúa recopilando evidencia. Según el comisario Rolando Sosa, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas, «la investigación sigue en curso y no se descartan más detenciones en los próximos días».
El caso ha generado considerable atención pública debido a la magnitud de los fondos involucrados. En 2023, se asignaron 16 mil millones de pesos al IAFEP, de los cuales 15 mil millones fueron destinados a organizaciones sociales. Sin embargo, se alega que la mayoría de las obras relacionadas con estos fondos, como la construcción de viviendas, no se habrían ejecutado o lo habrían hecho en un porcentaje mínimo.
Mientras la investigación avanza, la comunidad chaqueña espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes en este caso que ha sido descrito por el actual gobierno como «la caja negra de la corrupción de la gestión anterior».