El fiscal federal Carlos Amad confirmó la apertura de una nueva investigación sobre más de 23.000 pensiones por posible fraude en la provincia del Chaco. Este análisis detallado se desprende de la investigación inicial en Taco Pozo, donde ya se procesaron a varios implicados. “Pedí que auditen todos los casos”, expresó Amad, refiriéndose a las 23.206 pensiones que han generado sospechas en los departamentos de Sáenz Peña, Pinedo, San Martín y Villa Ángela, entre otros.
Amad explicó que la investigación surgió tras observar que las irregularidades de Taco Pozo podrían estar replicándose en otras localidades. “Cuando pregunté por la cabecera de departamento, el auditor me hizo un informe parcial donde se revelaron estas 23.206 pensiones. Ahí me di cuenta de que podía haber más”, detalló el fiscal.
El fiscal advirtió que en la provincia del Chaco existen cerca de 100.000 pensiones de este tipo, un número que calificó de alarmante y que, en su opinión, “es solo la punta de un iceberg”. A su vez, confirmó que en la mayoría de los casos investigados, las pensiones fueron otorgadas durante el período 2019-2023, y aclaró que en el año 2024 se implementaron controles más estrictos para evitar nuevas irregularidades.
Amad indicó que la estrategia de investigación se centrará en organizar las auditorías por departamentos, y destacó la necesidad de examinar en profundidad a cada localidad. “Voy a organizar la investigación por departamento. Así podré ver qué médicos, bioquímicos o agentes estatales intervinieron en cada caso, y si hubo o no participación de ANSES”, explicó el fiscal.
La investigación también apunta a identificar patrones en la concesión de estas pensiones, incluyendo la posible participación de profesionales de la salud y otros funcionarios públicos. “Queremos determinar quiénes y cómo otorgaron estos beneficios”, señaló Amad.
Una expansión del caso Taco Pozo
El fiscal recordó que el caso de Taco Pozo, el cual describió como “una investigación terminada”, sirvió como precedente para las pesquisas actuales. En esa localidad, el proceso llevó más de un año y abarcó cerca de 700 pensiones. “Lamentablemente, esto va a llevar tiempo. Pero la experiencia con Taco Pozo nos ha enseñado cómo enfocar la investigación y no perder tiempo en ciertos aspectos”, señaló Amad.
Para Amad, lo descubierto en Taco Pozo y las cifras actuales indican que “esto es mucho más grande de lo que pensábamos”. Según el fiscal, los informes preliminares sugieren que podrían detectarse miles de casos adicionales, no solo en el Chaco sino también en provincias vecinas como Salta y Jujuy, donde ya existen investigaciones abiertas en torno a este mismo tipo de irregularidades.
El fiscal también destacó el impacto que estos presuntos fraudes tienen sobre la sociedad y los recursos públicos. “El sistema de pensiones está destinado a asistir a personas con necesidades reales, y este abuso desvirtúa ese objetivo”, comentó. La investigación busca no solo determinar responsabilidades, sino también proteger los recursos destinados a los sectores más vulnerables.
La magnitud de la investigación promete cambios a futuro en el sistema de control de otorgamientos. Amad reafirmó su compromiso y el de su equipo en “esclarecer todo este entramado y poner luz sobre cada caso”. A pesar de la complejidad del proceso, el fiscal aseguró que no cesarán en la búsqueda de justicia y transparencia para la ciudadanía.
Con información de N9