En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, un grupo de diez gobernadores provinciales vinculados a la UCR y el PRO decidió no respaldar las iniciativas legislativas que buscan aumentar las jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad, desmarcándose de la postura del kirchnerismo y tendiendo puentes con la Casa Rosada.
La decisión se conoció en la antesala de una sesión clave en el Senado, en la que se debate no sólo el futuro de los haberes jubilatorios, sino también la distribución de recursos entre Nación y provincias, un tema que viene desgastando la relación institucional desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
Los mandatarios provinciales, antes parte de Juntos por el Cambio y hoy aliados tácticos del Gobierno, calificaron a las iniciativas impulsadas por Unión por la Patria como una “bomba fiscal”. Rechazan que se avance con medidas que, según su visión, desequilibrarían el presupuesto nacional y comprometerían la sostenibilidad de las cuentas públicas.
En su lugar, los gobernadores proponen dos proyectos alternativos, centrados en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con el objetivo de asegurar mayores transferencias de fondos a las jurisdicciones.
“No queremos romper todo, pero tampoco queremos que nos sigan sacando los recursos”, afirmaron fuentes provinciales. El mensaje es claro: buscan equilibrio y respeto por las autonomías, sin dinamitar el vínculo con Nación.
Por su parte, el kirchnerismo, junto a sectores del peronismo federal y algunos radicales, intentará avanzar con los proyectos sociales, apelando a conseguir el quórum con apoyo de senadores disidentes del PRO y la UCR. Solo después de alcanzado ese quórum ingresarían los senadores alineados con los gobernadores, lo que revela una estrategia coordinada y medida.
Mientras tanto, el presidente Javier Milei se mantiene firme en su postura de no negociar. Calificó los proyectos como una amenaza al equilibrio fiscal, advirtió que su aprobación disparará la inflación y el riesgo país, y anticipó que vetará cualquier ley que no cuente con el aval del Poder Ejecutivo, incluso si luego debe judicializar la disputa.
No obstante, la Constitución Nacional no prevé la judicialización del proceso legislativo. Si ambas cámaras insisten con una ley vetada por el Ejecutivo, esta debe ser promulgada, sin intervención de la Justicia. El desafío de Milei será lograr que 85 diputados respalden su eventual veto, lo que definirá su capacidad de frenar los avances del Congreso.
En este marco, la pulseada por el poder político y fiscal entra en una etapa crítica. El Gobierno endurece su postura, los gobernadores negocian su propio juego y el Congreso se prepara para definir si la tensión deriva en una ruptura institucional o en un nuevo esquema de acuerdos forzados.
La sesión de hoy podría marcar un antes y un después en la relación entre el Ejecutivo y las provincias. ¿Será una escaramuza más en esta guerra política o el inicio de un conflicto abierto de gobernabilidad?