Servicios de Comunicación Audiovisual: convocan a personas e instituciones a reflexionar y aportar sobre diversos asuntos

El 20 de mayo se dará la segunda cita federal del año. Las convocadas son las provincias de la región NEA: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Será en Resistencia, en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). La inscripción estará abierta desde el 28 de abril hasta el 12 de mayo.

El recorrido federal de las Audiencias Públicas convocadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación continuará por la Región NEA: el 20 de mayo será la segunda del año. Las convocadas son las provincias que integran la región Noreste: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La participación puede ser tanto de forma virtual como presencial. La inscripción estará abierta desde el 28 de abril hasta el 12 de mayo. Quienes quieran formar parte como expositores o expositoras deberán completar un formulario que, en ese período, estará disponible a través de esta web.

Para quienes quieran realizar su exposición de forma presencial, el encuentro será en la Ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicada en Las Heras 727. El 20 de mayo, la Audiencia comenzará a las 9. Será transmitida en vivo y contará con subtitulado simultáneo e interpretación lengua de señas argentina <> español. Las inscripciones comenzaran el 28 de abril.

Como desde la creación de la Defensoría el objetivo de las Audiencias Públicas es construir un diagnóstico, recibir reclamos y reunir propuestas en relación al funcionamiento de los medios audiovisuales en todo el país. Este año, la región del Gran Cuyo abrió el cronograma. NEA se suma en esta segunda etapa de las Audiencias de 2022. “Concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación” es la propuesta temática específica.

Es una invitación a que todas las personas, instituciones y organizaciones interesadas puedan presentar sus aportes para reflexionar, entre otros, sobre estos asuntos:

¿Es adecuado el régimen legal vigente como mecanismo para la regulación del espacio mediático actual?

¿Está garantizada la pluralidad y diversidad de voces?

¿La conectividad debe ser considerada como servicio público?

¿La producción audiovisual nacional se ve afectada por la oferta múltiple de plataformas globales de streaming?

¿Los nuevos medios y tecnologías digitales implican una mejora para la producción federal de contenidos o, por el contrario, se refuerza la histórica estructura centralizada?

¿Cuáles deberían ser los mecanismos de intervención estatal y qué objetivos deberían cumplir? ¿Qué políticas públicas deberían diseñarse, aplicarse o profundizarse en relación al sector sin fines de lucro de la comunicación?

¿Qué enfoques y qué medidas se requieren para que los derechos de los diversos sectores, especialmente los históricamente marginados del sistema de medios, estén contemplados en este escenario? ¿Se deberían producir nuevas regulaciones que incorporen una perspectiva de género en la actividad?

¿Se deberían ampliar las facultades de la Defensoría del Público más allá de los medios audiovisuales?

Sobre la Defensoría

La Defensoría del Público tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional.

Su existencia se sustenta en una concepción del Derecho a la Libertad de Expresión que contempla las facultades y obligaciones de quienes producen y emiten y también de quienes son receptores/as de medios. En este sentido, la figura del Defensor del Público oficia de intermediaria entre ambos extremos en representación de los intereses y derechos de las audiencias. Es articuladora entre los distintos sectores y actores de la comunicación y el público.

La Defensoría recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados. Por eso, promueve la participación y el debate y lleva adelante una tarea pedagógica para explicar en qué consiste el derecho a la comunicación, cómo ejercerlo y cómo reclamar si no es respetado.

La función de la Defensoría del Público es contribuir, desde su especificidad, a la profundización de un nuevo mapa comunicacional desde el paradigma de Derechos Humanos y los valores democráticos.