Desde su ascenso a la presidencia, el presidente Javier Milei mantuvo una postura firme respecto a la necesidad de desvincular al Estado de una porción considerable de las empresas públicas, las cuales demandan asistencia financiera mensual para cubrir sus gastos operativos.
En el marco de las discusiones en torno a la Ley Ómnibus, el capítulo de privatizaciones fue objeto de intensos debates y ajustes. A pesar de que la oposición logró reducir de 40 a 27 el número de empresas inicialmente sujetas a privatización, la Casa Rosada busca disminuir drásticamente las transferencias estatales a estas entidades en 2024, que ascendieron a alrededor de 5000 millones de dólares en 2023.
Según un análisis de Presupuesto Abierto, en lo que va de 2024, solo tres empresas estatales han recibido asistencia financiera para gastos corrientes. Destacan entre ellas Operador Ferroviario S.E (Trenes Argentinos), con subsidios por $36.370 millones, Belgrano Cargas y Logística, que recibió $3932 millones, y la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA), con transferencias por $590 millones.
La mayor parte de las empresas estatales, entre las que se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, AYSA, Casa de la Moneda y Telám, aún no han recibido asistencia financiera en 2024, ni para gastos corrientes ni para inversiones en capital.
En el anexo de privatizaciones, el Gobierno mantiene su intención de transferir el control total o parcial de 27 empresas, incluyendo nombres emblemáticos como Aerolíneas Argentinas, Aguas y Saneamiento Argentinos, y Correo Oficial de la República Argentina. Sin embargo, la discusión no solo se centra en la lista, sino en el control del proceso de privatización.
Ante la presión de bloques como la UCR y Hacemos Coalición Federal, el Gobierno ha propuesto un proceso más transparente. Antes de cualquier privatización, la Jefatura de Gabinete, en coordinación con la Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar un informe integral sobre la empresa en cuestión, detallando aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Este documento será sometido al análisis de la Comisión Bicameral, permitiendo recomendaciones, solicitudes de información adicional y formulación de observaciones. La discusión sobre el futuro de las empresas públicas en Argentina está en pleno desarrollo, marcando un capítulo crucial en la gestión económica del país.