El Tribunal Constitucional (TCP) de Bolivia declaró inconstitucional la inhabilitación de la candidatura del expresidente Evo Morales (2006-2019) al Parlamento en las elecciones generales de 2020 y ordenó una indemnización económica, informaron hoy medios locales.
El TCP resuelve «conceder la tutela impetrada, disponiendo la nulidad de la Resolución Jurisdiccional 010/2020 del 20 febrero, dictada por el Tribunal Supremo Electoral, con la reparación integral a los derechos conculcados de Juan Evo Morales Ayma», consignó una sentencia constitucional divulgada por medios digitales. La disposición, según el diario Página Siete, fue emitida en mayo del año pasado y no se sabía de inmediato por qué se demoró su difusión, aunque esta situación suele ocurrir con frecuencia en las decisiones del TCP.
Morales, exiliado en Argentina durante las elecciones de 2020, había sido inscripto por el Movimiento Al Socialismo (MAS) como primer candidato a senador por el departamento de Cochabamba, cargo al que accedió por la amplia victoria regional y nacional de ese partido en los comicios de ese año. La resolución, sin embargo, declaró «firmes y subsistentes los resultados de las Elecciones Generales 2020», descartando la posibilidad de que Morales pudiera ser declarado senador nacional.
La inhabilitación dio paso a Andrónico Rodríguez, también dirigente de los cocaleros de Chapare, quien es ahora presidente del Senado y segundo en la línea de sucesión presidencial constitucional. Morales fue inhabilitado en febrero de 2020, en plena campaña proselitista, debido a que no residía en el departamento al cual pretendía representar, entre otros argumentos señalados por el Tribunal Electoral.
Un amparo constitucional presentado entonces por su abogado, el actual Procurador General Wilfredo Chávez, denunciando «vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales» del candidato, fue rechazado en primera instancia por el Tribunal de Justicia de La Paz. El TCP revocó ese fallo mediante una sentencia de más de 50 páginas en la que consideró habilitaciones previas de candidatos que no residían en el distrito de postulación.
El Tribunal Electoral debió considerar que hay casos, como el de Morales, en que sus actividades «por disposición legal o fuerza mayor, deban cumplirse en otro sitio», sostuvo el TCP. Ordenó luego al Tribunal de Justicia de La Paz «la calificación del daño y consecuente indemnización económica a favor del ciudadano Juan Evo Morales Ayma, considerando como parámetro los gastos judiciales, así como el lucro cesante y daño emergente ocasionados por la autoridades demandadas, a consecuencia de la indebida e ilegal restricción de derechos». No había informes sobre si esa indemnización fue otorgada.
Morales, quien retornó a Bolivia días después de la asunción del actual presidente Luis Arce en noviembre de 2020 y tras haber sido derrocado por un golpe de Estado que llevó al máximo cargo político a la derechista ahora encarcelada Jeanine Áñez, no ha descartado la posibilidad de postularse de nuevo a la Presidencia en 2025.